Contencioso administrativo de plena jurisdicción: Coletti Romina Mariel c/ Estado Provincial
La actora promovió acción contencioso administrativa solicitando que se deje sin efecto el Decreto Nº 7399-G-18. La Cámara declaró operada la caducidad de la instancia por la inactividad de la demandante y archivó las actuaciones, sin imposición de costas.
¿Quién es el actor?
Romina Mariel Coletti, representada por el Dr. Oscar A. Galíndez.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial de Jujuy.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que se deje sin efecto el Decreto Nº 7399-G-18 de fecha 17/08/18 y que el Estado Provincial acoja su petición.
¿Qué se resolvió?
Declarar operada la caducidad de la instancia por inactividad de la actora y archivar las actuaciones; no imponerse costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En estas condiciones, es posible observar que las presentes actuaciones se mantuvieron en un estado de parálisis desde la fecha de notificación del proveído que dispone la reserva de las mismas -11/10/18-, y hasta esta oportunidad, sin que la actora haya realizado acto alguno tendiente a su prosecución, quedando de esa manera claramente configurados los supuestos que dan por operada la caducidad de la instancia: el ostensible desinterés del actor y la necesidad de evitar que los procesos perduren indefinidamente, extremos que tornan procedente la declaración de caducidad.
Sobre el particular, he de reiterar aquí que este instituto se apoya en dos supuestos: a) el interés público comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso, evitando la prolongación indefinida en detrimento de una buena administración de justicia; y b) la presunción tácita de abandono por parte del accionante (L.A. Nº 38 Nº 54).
'Así como el interés es la medida de las acciones (como reza el viejo aforismo) sólo en tanto perdura, el proceso continúa vivo pues lo contrario provoca mantener latente indefinidamente el conflicto, lo que en nada contribuye al buen servicio de justicia. Con esto quiero decir que resulta inaceptable la apreciación del recurrente quien afirma que “la actividad o inactividad judicial recae exclusivamente sobre los magistrados…” pues esto conduce al absurdo de poner a su cargo no sólo el deber de dirigir el proceso, sino de hacerlo doblegando la desidia o dejadez de las partes como si también estuviese en la órbita de sus deberes, vencer su desinterés. Como tantas veces se ha dicho: en el proceso civil, la garantía de la defensa en juicio no ampara la negligencia de los litigantes (cfr. Fallos 239:251; 247:161) (L.A. Nº 49 Nº 56).'
'En otras palabras, el deber del director del proceso de darle impulso (artículo 3 del Código Procesal Civil) no releva a los litigantes de lo que a ellos concierne, en especial, el de colaboración contemplado en el artículo 50 del Código Procesal Civil. Tampoco neutraliza el que corresponde a abogados y procuradores, como auxiliares de la justicia, de “adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor economía en la realización del proceso” (artículo 10 del C.P.C.), porque hace a la esencia del mandato por el que intervienen en la causa, el deber de asistir y defender a los justiciables con lealtad y probidad (artículo 16, Ley 4.055)'."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto de la Dra. Ruth Alicia Fernández expone los fundamentos citados; el Dr. David Jorge Casas adhiere en idéntico sentido. El bloque dispositivo final declaró la caducidad y ordenó archivar sin costas.
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