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Cámara de Apelaciones

Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: El Cañadón S.R.L. c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy

La actora impugnó actos municipales y solicitó la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas y resoluciones tributarias vinculadas a la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene. La Sala II rechazó las excepciones de incompetencia y de caducidad opuestas por la Municipalidad y declaró que el Decreto Nº 0133.019.007 agota la instancia administrativa habilitante para la vía judicial.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
c-134540/2019
Contencioso administrativo Tasa de inspeccion Inconstitucionalidad Caducidad Incompetencia Agotamiento de la instancia administrativa Decreto n? 0133.019.007 Ordenanza n? 6.888/16 Costas Sala ii

¿Quién es el actor?

EL CAÑADON S.R.L. (representada por la Dra. Lorena del Carmen Cammuso, patrocinio del Dr. Sergio González Galán).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revocatoria del Decreto Nº 0133.19.007 (que rechazó recurso jerárquico contra la Resolución Nº 0363-18-012), la nulidad del requerimiento de pago de la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, y la declaración de inconstitucionalidad de diversas resoluciones generales (Nros. 07/17, 08/17, 10/17) y ordenanzas (entre ellas Ord. Nº 2292/1996, Ord. Nº 6.888/16 y artículos 365 a 384 del Código Tributario Municipal).

¿Qué se resolvió?

Rechazó la excepción de incompetencia y la de caducidad del plazo interpuesta por la Municipalidad; impuso las costas a la parte demandada y diferrió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, en materia tributaria, tiene un fundamento esencialmente constitucional cuya única finalidad es igualar real y efectivamente al justiciable quien se encuentra en situación de inferioridad con respecto al Estado Provincial. Desde la faz constitucional, la acción tiene como característica fundamental garantizar al sujeto pasivo de la obligación tributaria, el acceso a la justicia, de modo tal que pueda en un plano de absoluta igualdad esgrimir los fundamentos de su queja y probar los extremos alegados, los cuales serán analizados por un órgano imparcial."

"La acción de inconstitucionalidad no es idónea para que el administrado cuestione la validez de resoluciones administrativas que deciden casos particulares (normas individuales o de alcance singular), ya que, por el contrario, por vía de esta acción sólo se impugnan actos estatales normativos o de alcance general."

"En estas actuaciones se objeta un acto administrativo que decide una cuestión individual y carece de los caracteres de generalidad y abstracción imprescindibles para ser susceptible de enjuiciamiento por vía de la acción directa de inconstitucionalidad, que excluye los actos administrativos y normativos de alcance particular, pero sin perjuicio de ello este Tribunal, sin desconocer las diferencias de ambas acciones, puede entrar a analizar en el caso concreto la violación o no de la Constitución por parte de las ordenanzas tributarias que cuestiona la parte actora."

"No existe norma alguna dentro de la Ordenanza Nº 3.898/03 (Código Tributario Municipal) que le otorgue a las resoluciones de la Secretaría de Hacienda, el carácter de definitivas y que agoten la instancia administrativa... Desde esta perspectiva, ante la ausencia de normas en este sentido en la Ordenanza Nº 3.898/03 (Código Tributario Municipal), corresponde aplicar las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal, que en su artículo 55 inciso 14 establece (...): 'Conocer originariamente o por vía de recursos y resolver en las causas o reclamaciones administrativas, siendo sus resoluciones impugnables ante el fuero contencioso administrativo'."

"En conclusión, siendo que el Decreto Nº 0133.019.007 es el único acto con el cual se agotó la instancia administrativa y que habilita la instancia judicial, por lo que si ese acto fue notificado a la recurrente el día 18/02/19 y la presente acción se interpuso del día 05/04/19 (día 30 desde la notificación del decreto ver cargo de fs. 156), la misma se encuentra presentada en término y la caducidad opuesta debe ser rechazada."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Fernando R. Pedicone (voto principal) y Sebastián Damiano (adhesión) coincidieron en la resolución; no hubo disidencias.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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