Incidente de Suspensión de los efectos del acto administrativo: Aguayo Riffo Vitalicio Vichal c/ Estado Provincial
Incidente de suspensión de los efectos de actos administrativos (Decreto N° 8714‑E‑19 y Resolución N° 9594‑E‑18) solicitada por Vitalicio Vichal Aguayo Riffo. La Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo desestimó la medida cautelar por no acreditarse prima facie la verosimilitud del derecho ni el periculum in mora y por la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
¿Quién es el actor?
Vitalicio Vichal Aguayo Riffo, por apoderado (Dr. Miguel Ángel Mallagray).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial — Ministerio de Educación.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Incidente de suspensión de los efectos del acto administrativo (Decreto Nº 8714‑E‑19 y Resolución Nº 9594‑E‑18) en reaseguro del pleito principal, para evitar la efectivización de la resolución impugnada hasta sentencia definitiva.
¿Qué se resolvió?
Desestimar el pedido de suspensión de los efectos del acto administrativo; diferir la imposición de costas y regulación de honorarios; registrar y notificar.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que aplicando los condicionamientos referidos a la petición cautelar y sin que ello importe anticipar apreciaciones que son propias de la sentencia sobre la cuestión de fondo, en concordancia con lo resuelto por la mayoría del S.T.J. al sentenciar el Expediente Nº SJ-15.111/18 ,caratulado: “Acción autónoma de Inconstitucionalidad: Aguayo Riffo Vitalicio Vichal c/ Estado Provincial”, advertimos que no se ha acreditado la apariencia del derecho invocado ni el peligro en la demora exigibles con la probabilidad propias para el despacho favorable de medidas como las propuestas, aún dentro de la “summaria cognitio” propia de los procesos cautelares, máxime tratándose de actos emanados de la Administración que gozan de la presunción de legitimidad."
"Que por otra parte, tampoco surge en esta etapa preliminar y en su acotado ámbito, con la claridad y entidad propia para su despacho favorable, la supuesta ilegitimidad atribuida al acto administrativo cuestionado, al haber actuado el Ministerio de Educación dentro de las facultades que le son propias, conforme lo señalado también por el STJ de la Provincia en el fallo antes referenciado."
"Que consecuentemente y a mérito de lo expuesto, no verificándose “prima facie” y sumariamente en este estado del proceso, con la prueba agregada hasta el presente, los requisitos establecidos por el artículo 31 del Código Contencioso Administrativo, tales que el acto administrativo atacado adolezca de nulidad por incompetencia o violación manifiesta de la ley ni que la ejecución del acto pudiere producir un daño de imposible o difícil reparación ulterior y -reiteramos- sin que implique adelantar opinión sobre la cuestión de fondo, corresponde desestimar el pedido de suspensión de sus efectos."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta voto en disidencia en la parte resolutiva final.
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