Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-003.601/2013, (Tribunal Contencioso Administrativo – Sala I – Vocalía 1) Mandamiento de Ejecución: Cazón Elizabeth c/ Legislatura de la Provincia de Jujuy
La recurrente solicitó mandamiento de ejecución (mandamus) para obtener la aplicación/ejecución de una resolución de la Legislatura provincial que habría designado a la actora en un cargo. La Sala III rechazó el recurso de inconstitucionalidad por improcedente de la vía del mandamus, por no tratarse de una norma general ejecutable y por no acreditarse la existencia ni la validez manifiesta del acto reclamado.
¿Quién es el actor?
Dra. Alicia del Rosario Chalabe en representación de Elizabeth Cazón (recurrente).
¿A quién se demanda?
Legislatura de la Provincia de Jujuy / Estado Provincial.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Mandamiento de ejecución (mandamus) para que se ejecute una Resolución (Nº 1370/2011 según la impugnación) que habría dispuesto la designación de la actora en un cargo (Jefe de Diario de Sesiones u otro), y medidas accesorias; además se planteó cuestión de plazo razonable.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo del 6/2/2018 que había rechazado el mandamiento de ejecución. Se impusieron las costas a la recurrente y se regularon honorarios para su letrada en $8.505; no se regularon honorarios para Fiscalía de Estado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Ello en tanto, comparto lo señalado por el Tribunal de grado y la Fiscalía General respecto de que el mandamiento de ejecución ha sido previsto en el artículo 39 de la Constitución Provincial para obtener el cumplimiento de un acto de carácter general (norma o reglamento). Independientemente de que la invocada como Resolución Nº 1370 hubiera sido dictada por el Presidente de la Legislatura, tal el argumento introducido en el recurso, el solo hecho de que emane de esa autoridad no la torna en norma general, lo que excluye la vía tentada."
"En segundo lugar entiendo menester dejar claro que, con la prueba producida, no ha quedado acreditado ni que el acto haya existido como tal, ni que se haya dictado y reunido todas las condiciones de validez necesarias al tiempo en que lo invoca la actora, lo que justifica el rechazo de la acción. Remito al detalle producido por el tribunal en su relato respecto del curso de los expedientes administrativos a lo que añado que una lectura detenida de los mismos no me lleva a distinta conclusión y que la autoridad administrativa indicó las razones por las que consideró inexistente el acto sin que las mismas hayan sido controvertidas ni en aquellos expedientes ni en el proceso del mandamus."
"Por ello, en tanto conforme a la demanda su situación estaba comprendida en los supuestos del art. 1 de la ley 5251 y tal encuadramiento no fue controvertido al contestarla, una norma posterior no puede modificar esa situación jurídica ya consolidada a su favor. Decidir lo contrario importaría una violación al derecho de propiedad, al principio de preclusión procesal, al debido proceso y defensa en juicio (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, arts. 29 y 36 de la Constitución Provincial y art. 51 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme al art. 121 del Código Contencioso)."
¿Cómo votaron los jueces?
La resolución aparece por unanimidad de los Dres. Sergio R. González, Beatriz E. Altamirano y Federico F. Otaola; no se registra disidencia.
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