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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 80/19 (Cámara de Casación Penal – Vocalía 2) “Recurso de Casación interpuesto en expediente Nº 262/2017 (Tribunal en lo Criminal Nº 2 – Vocalía 5), caratulado: ‘S., M. A. Abuso Sexual Simple

La defensa técnica de M. A. S. impugnó como inconstitucional la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba en una causa por abuso sexual simple sobre una menor de 14 años. La Sala Penal del Superior Tribunal confirmó el rechazo del beneficio, fundando la decisión en las obligaciones convencionales del Estado (Convención de Belém do Pará y Convención sobre los Derechos del Niño) y en la oposición del Ministerio Público.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
PE-15793/2019
Abuso sexual Suspension del juicio a prueba Convencion de belem do para Derechos del nino Victimizacion de menor Improcedencia Ministerio publico Inconstitucionalidad Tutela de la mujer Penal.

¿Quién es el actor?

El doctor Mario Orlando Contreras, en ejercicio de la defensa técnica de M. A. S. (imputado).

¿A quién se demanda?

La resolución de la Cámara de Casación Penal/Tribunal que denegó la suspensión del juicio a prueba (impugnación contra decisión previa).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de inconstitucionalidad contra la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba prevista en el art. 76 bis del C. Penal.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad y se confirmó la decisión de la Cámara de Casación Penal que negó la suspensión del juicio a prueba.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Pues bien, en consonancia con el dictamen antes aludido, cabe señalar que el recurso de inconstitucionalidad articulado por la defensa es improcedente toda vez que los reparos formulados constituyen simples discrepancias respecto de lo decidido en las instancias anteriores.

A más de lo apuntado, cuadra precisar que la denegación de la suspensión del juicio a prueba se apoya en las obligaciones asumidas por el Estado Argentino al aprobar la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño, circunstancia razonable y suficiente para confirmar -en la especie- la decisión adoptada.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor Mario Orlando Contreras, en ejercicio de la defensa técnica de M. A. S."

"I.- Comparto los fundamentos y conclusiones expuestos en el voto del Sr. Presidente de Trámite, por cuanto las razones fácticas y jurídicas precisadas en el mismo, representan la solución justa para la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal.

2.1.- Dicho ello, de un detenido análisis de los requisitos establecidos en el Art. 76 bis del C.Penal, de la normativa internacional aplicable al caso y de las constancias de autos, considero que el otorgamiento de la Suspensión del Juicio a Prueba no luce razonable, ello a la luz de los motivos que paso a exponer.

En el punto y como bien lo sostuviera el Ad-quem, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya ha fijado criterio respecto de la improcedencia del beneficio solicitado por el recurrente en casos como el que analizamos, en el que se acusa a M. A. S. por la supuesta comisión del delito de Abuso Sexual (119 1º párrafo del C.Penal).

Al respecto, el Máximo Tribunal ha sostenido que, sólo a través de la realización del debate –“en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado”- se garantiza el cumplimiento de la obligación convencional asumida por el Estado Argentino de establecer un “procedimiento legal justo y eficaz para la mujer”, que incluya “un juicio oportuno”, cfr. Art. 7, Inc. f) de la referida Convención aprobada por la ley 24.632. (Cfr. Fallos 336:392; CSJN, “Góngora, Gabriel Alejandro s/ Causa Nº 14.092”).

En ese orden de ideas, esta Sala Penal ha puntualizado en más de una oportunidad que “…la suspensión del proceso a prueba frustraría la posibilidad de dilucidar en un juicio oral la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos, así como de la eventual sanción que pudiere corresponderle; lo cual implicaría ir en contra del compromiso asumido por el Estado mediante la Convención de Belém do Pará, aprobado por ley 24.632. Por ello, la extinción del proceso por medio de una alternativa diferente a la del plenario resulta improcedente… Tampoco debe soslayarse que la obligación estadual, en los términos de la referida Convención, va más allá de la simple investigación y, en su caso, de la condena del responsable, ya que incluye la obligación de prevenir estas prácticas degradantes”."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto del Dr. José Manuel del Campo (presidente de trámite) con adhesión de la Dra. Clara De Langhe de Falcone y voto en concordancia de la Dra. Laura Nilda Lamas González; la decisión fue por unanimidad de la Sala Penal.

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