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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-063.065/2016 (Cámara en lo Civil y Comercial - Sala III - Vocalía 8) Sumarísimo por Acción contemplada en la Ley del Consumidor: Juárez, Ernesto Osvaldo c/ Fadua S.A

El actor promovió acción por incumplimiento vinculada con la cancelación de una prenda registral sobre un vehículo adquirida en concesionaria y reclamó daños y perjuicios (Ley de Defensa del Consumidor). El Superior Tribunal de Jujuy rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó la sentencia de la Cámara, por considerar que el deudor estuvo facultado para solicitar la cancelación registral y que no se acreditó daño alguno ni arbitrariedad en la valoración.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CF-15437/2019
Prenda con registro Cancelacion registral Decreto 897/95 art. 25 Consumidor Incumplimiento contractual Mora Dano no acreditado Costas Honorarios Confirmacion de sentencia

¿Quién es el actor?

Ernesto Osvaldo Juárez, representado por la Dra. Elizabeth Beatriz Ruiz.

¿A quién se demanda?

Fadua S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cumplimiento de la obligación de levantar la prenda inscripta en el Registro de la Propiedad del Automotor tras el pago total del crédito (saldo $15.002,58) y resarcimiento por daños (amparados en normativa consumerista).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad y se confirmó la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de fecha 21/11/2018; se impusieron costas al recurrente y se regularon honorarios por $8.500 y $12.144 (12 UMA).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Concretando el análisis del caso resulta, que el recurrente se agravia porque se rechazó la demanda sin valorar la mora del acreedor en el cumplimiento de la obligación ni el régimen tuitivo del consumidor.

Conforme lo ha dicho destacada doctrina, los contratos se celebran para ser cumplidos, y es por ello que, frente al incumplimiento de una de las partes en un contrato bilateral, la otra parte –cumplidora o in bonis- puede optar por alguna de las alternativas siguientes: a) Demandar el cumplimiento, previa constitución en mora (art. 509 C.C.), con más los daños y perjuicios por el retardo imputable (art. 505 y sig., 519 y sig. C.C.); b) Demandar la resolución del contrato, o disponerla por su propia autoridad, haciendo aplicación de la ley o pacto comisorio, con más los daños (art. 1204 C.C.); c) Dejar de cumplir las prestaciones a su cargo (art. 1201 C.C.), manteniendo por esta vía suspendida la ejecución del contrato (Mosset Iturraspe, comentario al art. 1201 en “Código Civil...”, dirig. por Bueres-Highton, T. 3-C, pág. 55).

En el caso el actor demandó el cumplimiento de la obligación de levantar la prenda más daños y perjuicios rechazando la demanda el Tribunal a quo por considerar que también el actor se encontraba facultado para realizar tal trámite.

Que la interpretación efectuada por la Sala sentenciante resulta adecuada atento que en el contrato prendario no se convino de manera expresa quién tenía a su cargo la obligación del levantamiento de la prenda en el Registro Público del Automotor. Asimismo la normativa vigente le da la posibilidad tanto al acreedor como al deudor de realizar el trámite. Así el art. 25 del Decreto –Ley 15.348/46 de Prenda con registro (Ordenado por Decreto 897/95) estipula 'b) Cuando el acreedor o el dueño de la cosa prendada lo solicite adjuntando certificado de prenda endosada por su legítimo tenedor; el certificado se archivará en el registro con la nota de que se ha cancelado la inscripción; c) El dueño de la cosa prendada puede pedir al registro la cancelación de la garantía inscripta adjuntando el comprobante de haber depositado el importe de la deuda en el banco oficial más próximo al lugar donde está situada la cosa, a la orden del acreedor…'.

Por otra parte se advierte que durante dos años y medios el recurrente no peticionó el certificado de prenda endosada ni el levantamiento del gravamen prendario anotado en el Registro de la Propiedad. Pues si bien sostuvo requirió –insistentemente- la cancelación del gravamen no acompañó prueba al respecto. No demostró una actitud diligente peticionando el certificado por lo que no puede pretender endilgar responsabilidad al accionado cuando su conducta fue pasiva.

Tampoco logró acreditar el actor el daño invocado siendo que la prueba incorporada a la causa a la luz de la normativa vigente fue correctamente valorada."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Altamirano y De Langhe de Falcone adhieren al voto del Dr. Jenefes. No se registran votos en disidencia.

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