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Cámara de Apelaciones

Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Sosa Elvira Isabel c/ Estado Provincial

La actora solicitó la suspensión de los efectos del Decreto N° 11017-E-2019 para ser reintegrada a su cargo y poder tramitar la jubilación. La Sala I desestimó la medida cautelar por falta de verosimilitud del derecho y ausencia de peligro en la demora, destacando la presunción de legitimidad del acto administrativo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-155544/2020
Contencioso administrativo Medida cautelar Suspension de actos administrativos Presuncion de legitimidad Periculum in mora Verosimilitud del derecho Cesantia Reintegro Decreto provincial Jubilacion

¿Quién es el actor?

Sra. Elvira Isabel Sosa.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Provincia de Jujuy).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna el Decreto N° 11017-E-2019 (cesantía) y se solicitan, entre otros, la suspensión de los efectos del acto impugnado y el reintegro al cargo de Directora de la Escuela Especial N°11 y las horas cátedra en el nivel terciario hasta la culminación del trámite jubilatorio o hasta sentencia definitiva.

¿Qué se resolvió?

Desestimar la pretensión cautelar consistente en la suspensión de los efectos del Decreto N° 11017-E-2019; diferir imposición de costas y regulación de honorarios para la sentencia definitiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Bajo estas condiciones, dentro del estrecho límite cognitivo propio de las medidas cautelares, resulta oportuno advertir que, en principio y sin que ello importe anticipar apreciaciones que son propias de la sentencia de mérito, no convergen en la especie, los requisitos básicos para hacer atendible el pedido, tales, la verosimilitud del derecho invocado, la urgencia en su establecimiento, y la imposibilidad de ulterior reparación.

Analizado el acto administrativo cuya impugnación se persigue por esta vía, incorporado a fojas 123/126, surge claro que el primero de los recaudos no se acredita, toda vez que en el marco de sus atribuciones el Poder Ejecutivo dispone aplicar la máxima sanción a la docente por irregularidades cometidas en los establecimientos en los que aquella prestara servicios.

Admitir la medida cautelar en los términos que la solicitan -se la reintegre a su cargo de Directora y Horas Cátedra en el Nivel Terciario hasta tanto culmine su trámite jubilatorio y/o se dicte sentencia definitiva- y con la prueba hasta aquí colectada, constituiría en definitiva un anticipo de jurisdicción favorable del Tribunal que no puede aceptarse.

Por lo demás, no surge acreditada ni se demuestra las causales por las cuales debe determinarse la suspensión de los efectos del acto. No basta con mencionar la antigüedad en el servicio o la circunstancia de estar en condiciones de jubilarse.

Examinado el acto, objeto de impugnación en este proceso, no advertimos “prima facie” la nulidad por incompetencia o violación manifiesta de la ley, en los términos de los artículos 30 y 31 del Código Contencioso Administrativo.

La presunción de legitimidad de los actos administrativos responde a una necesidad funcional: que la Administración no esté obligada a acreditar ante la justicia la legalidad de sus actos para ejecutarlos."

"En segundo lugar, además de indicarse un razonable orden de probabilidades sobre la existencia del derecho que pueda asistir a la peticionante, debe contarse con una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro de ese derecho que esgrime la demandante, es decir debe acreditarse el peligro en la demora, lo que no sucede en el caso. No se acredita en esta instancia que exista la posibilidad de amenaza, o inminencia de causarse un daño de consecuencias irreparables, puesto que, de admitirse la demanda, la docente será reintegrada a sus tareas y al pago de los haberes caídos dejados de percibir.

Por otra parte, ni la urgencia ni el peligro surgen evidentes y claras, desde que se advierte que la situación traída a consideración de este Tribunal data del año 2014, articulando esta acción en fecha 17/02/2020."

"Consecuentemente, a mérito de lo expuesto y no verificándose “prima facie” y sumariamente en este estado del proceso y con la prueba agregada hasta el presente, los requisitos establecidos por el artículo 31 del C.C.A., tales que el acto atacado adolezca de nulidad por incompetencia o violación manifiesta de la ley, ni que la ejecución del acto pudiere producir un daño de imposible reparación ulterior -y reiteramos sin que implique adelantar opinión respecto de la cuestión de fondo-, corresponde desestimar la medida de suspensión de los efectos del acto."

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia ni diferenciaciones en el bloque dispositivo final.

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