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Cámara de Apelaciones

Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Salas Irma Beatriz c/ Estado Provincial

La actora reclamó reconocimiento y pago del adicional por dedicación exclusiva con retroactividad desde mayo de 2009. La Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda por entender que el otorgamiento del adicional depende de una facultad discrecional administrativa vinculada a necesidades estructurales y no surge automáticamente por la sola carga horaria.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-29946/2014
Contencioso administrativo Dedicacion exclusiva Adicional salarial Discrecionalidad administrativa Necesidad estructural Mayor horario (44 hs) Rechazo de demanda Costas Regulacion de honorarios Estado provincial.

¿Quién es el actor?

Irma Beatriz Salas, representada por el Dr. Aníbal Massaccesi.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Poder Ejecutivo Provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento y pago del adicional por dedicación exclusiva retroactivo a mayo de 2009, con más intereses y aportes previsionales; revocatoria del Decreto Nº 4892-S-2014 que rechazó el recurso jerárquico.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda; se impusieron las costas a la actora; se regularon honorarios del letrado de la actora en $17.528, no se regulan honorarios para los representantes de Fiscalía de Estado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, de una atenta lectura del decreto 3282-H-1986 surge que el adicional por dedicación exclusiva allí previsto fue otorgado, en primer lugar, a aquellos agentes (personal profesional y técnico) que en ese momento se desempeñaban con el régimen de trabajo de dedicación exclusiva (arts. 1º y 2º).

Luego, se estableció en el artículo 3º que, a fin de gozar del adicional establecido en el artículo 2º, el personal técnico podía optar por el régimen de trabajo de dedicación exclusiva 'conforme las necesidades estructurales y posibilidades que el recurso humano, servicios y demanda lo exijan y según lo determine la Secretaría de Salud Pública, todo ello supeditado a la existencia de recursos presupuestarios'. Es decir que, contrariamente a lo que interpretan los actores y el tribunal, el adicional referido no resulta de aplicación por la sola circunstancia de optar el agente por el régimen de dedicación exclusiva, sino que ello procede además -en lo que aquí interesa- conforme las necesidades estructurales, de recurso humano, servicios y demanda lo exijan y según lo determine la Secretaría de Salud Pública.

Como se advierte, el propio texto normativo, claro y categórico en mi opinión, descarta la posibilidad de otorgar el adicional en forma genérica y automática a los actores, con el solo fundamento de que otros agentes en similares condiciones lo perciben, pues la propia norma establece como condición que la incorporación al régimen de dedicación exclusiva debe realizarse conforme a específicas necesidades y ser dispuesto por la 'Secretaría de Salud Pública'.

Existe, entonces, una facultad discrecional de la administración, condicionada a la existencia de determinadas necesidades, para disponer la incorporación de personal al régimen de dedicación exclusiva. Y si bien puede resultar cierto que los actores de autos cumplen similares funciones que otros agentes que se encuentran revistando en dicho régimen, y consecuentemente percibiendo el adicional, no lo es menos que esa sola circunstancia no puede generarles iguales derechos, pues este régimen discrecional justamente implica que la incorporación de personal al mismo requiere que así lo determine la autoridad competente en salud pública. Pretender que tal valoración y decisión sea realizada por vía judicial implica reemplazar la discrecionalidad administrativa por la judicial, lo que excede la función jurisdiccional toda vez que en el caso no se advierte que haya mediado abuso o irrazonabilidad en su ejercicio..."

"Así las cosas, no cabe sino rechazar la demanda contencioso administrativa articulada por Irma Beatriz Salas en contra del Estado Provincial.

En relación a las costas, propicio sean impuestas a la actora vencida (artículo 110 del Código Contencioso Administrativo)."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia consta de dos votos (Dra. Ruth Alicia Fernández y J. Fernando Raúl Pedicone) que adhieren en idéntico sentido; el dispositivo final confirma el rechazo de la demanda y la regulación de costas y honorarios.

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