Cobro de sumas de dinero/pesos: Ríos Pedro Miguel Alberto c/ Estado Provincial
El actor promovió demanda de cobro de pesos por intereses derivados de certificados de obra contra el Estado Provincial. La Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó la excepción de incompetencia por falta de habilitación de la vía judicial al entender aplicable una excepción por respuesta negativa del Estado y por existir el reclamo administrativo previo en autos.
¿Quién es el actor?
Pedro Miguel Alberto Ríos (titular único de RPM CONSTRUCCIONES), representado por Dr. Luis Horacio Espada.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial, representado por Dra. Neftalí Elías Sombory.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de pesos (intereses por pagos en mora) referidos a las obras “Suministro de EE Loteo Yuchan Etapa A” y “Suministro de EE Loteo Palpalá III”.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la excepción de incompetencia planteada por el Estado Provincial por falta de habilitación de la vía judicial; diferir apelación de costas y regulación de honorarios para el fallo definitivo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En el caso que ahora nos convoca, el actor interpone demanda ordinaria por cobro de pesos por la falta de pago de intereses por certificados de obra. Por su parte el Estado Provincial opone la excepción de incompetencia por la falta de habilitación de la vía judicial al no haber presentado el reclamo administrativo previo."
"Al respecto, debemos señalar que, efectivamente la Administración Pública Provincial no puede ser demandada sin previo reclamo administrativo dirigido al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio, Secretaría General de la Gobernación o autoridad superior de la Entidad Autárquica que corresponda, conforme lo establece el artículo 4º, Apartado IV de la ley 5238. A partir de esta disposición podemos concluir que la regla general es que en la legislación local vigente no se habilita la demandabilidad directa del Estado Provincial, sino en casos excepcionales..."
"Por su parte, siendo esta cuestión exclusiva de derecho público local, además de las excepciones que la normativa vigente establece, el Máximo Tribunal Provincial ha fijado una postura que atemperó el rigorismo de la regla general contenida en el artículo 4, apartado IV de la Ley Nº 5238, con el propósito de no afectar o menoscabar el derecho a obtener una tutela judicial efectiva; en particular, el de acceder a los tribunales de justicia. Pero aclarando que los alcances de esta suerte de excepción se limitan a supuestos debidamente justificados."
"En ese orden de ideas, cabe señalar en primer lugar que, el desconocimiento de la demandada de la prueba arrimada por el actor, en particular, del reclamo administrativo previo formulado por aquel, no puede ser admitido, desde que dicha presentación formalizada en fecha 05/01/18, obra en original en Caja Fuerte del Tribunal."
"Por otra parte, sin perjuicio de no haber presentado el Pronto Despacho pertinente -conforme así lo reconoce el propio actor-, la defensa articulada por el Estado provincial, no puede prosperar, toda vez que éste niega adeudar suma alguna al actor, por cualquier concepto, sostiene la improcedencia de la demanda y rechaza cualquier pretensión por esta vía. En razón de ello, consideramos -atento la posición asumida por el Máximo Tribunal que compartimos-, que obligar al actor a transitar una vez más el procedimiento administrativo, implica un inconducente y excesivo rigor formal frustratorio de la garantía de la defensa en juicio. De allí que dicho recaudo se convierta en un ritualismo inútil que, a los fines de garantizar una tutela judicial efectiva, deba ser exceptuado en el presente caso."
"En definitiva, corresponde rechazar la excepción de incompetencia opuesta por el Estado Provincial."
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