Amparo por mora: Colqui Cristina del Valle c/ Poder Ejecutivo -Estado Provincial
La actora promovió acción de amparo por mora para obtener acceso al expediente del adicional por supervisión. La Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al amparo y condenó al Estado Provincial a otorgar acceso al expediente en 15 días hábiles, imponiendo costas y regulando honorarios.
¿Quién es el actor?
Cristina del Valle Colqui, representada por la Dra. Agustina Infante.
¿A quién se demanda?
Poder Ejecutivo - Estado Provincial, Dirección del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo por mora para que la administración otorgue acceso a las actuaciones administrativas en las que tramita el adicional por supervisión (solicitado el 27/11/2019).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al amparo por mora y se condenó al Estado Provincial a otorgar el acceso solicitado dentro de quince (15) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de sanciones conminatorias u otras medidas; se impusieron las costas a la demandada y se regularon honorarios a favor de la actora en $5.008,00 (con intereses y posible IVA). Votos: Dra. Ruth Alicia Fernández (voto principal) y Dr. David Jorge Casas (adhesión).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Con la presentación inicial del interesado es la autoridad administrativa quien debe formar expediente y otorgarle número y carátula. Por lo que, mal puede ordenar el desglose del último escrito de la actora por omisión en las formalidades, cuando es el propio Estado quien debe saber y conocer número y carátula del expediente.
En mérito de ello, surge clara la situación de mora objetiva por parte de la Administración. Reiteradamente hemos dejado expuesto que, todo órgano de la Administración ante el cual se interpone una petición, tiene la inexcusable obligación de expedirse como elemental correlato del derecho de peticionar de los administrados consagrado en la Constitución de la Nación y de la Provincia.
Que además “…el silencio de la Administración constituye una típica violación de un deber de acción. Es que, en definitiva, el silencio administrativo consiste en la duración de una situación que debe cambiar, en que la Administración deja que las cosas sigan como están en vez de modificarlas. Por eso la omisión en la cual el silencio consiste, no es más que el retardo, la demora en el cumplimiento de la obligación de resolver” (cfr. Silencio de la Administración, plazos y caducidad, p. 68; cit. en Amparo por Mora de la Administración, Horacio D. Creo Bay, Astrea, p. 2)."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Fernández expone el voto que contiene el análisis y la propuesta; el Dr. Casas adhiere expresamente: "Habiendo expuesto conceptos similares al momento de la deliberación, adhiero a la solución propiciada en el voto que antecede."
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