Farfán, Mario David c/Galeno A.R.T. S.A. s/enfermedad/accidente de trabajo
El actor promovió demanda contra Galeno ART S.A. por indemnización derivada de accidente de trabajo ocurrido el 13/12/2016 y enfermedad/ secuelas relacionadas. La Sala II del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, condenó a la ART al pago de las indemnizaciones previstas en la LRT y ley 26773, difiriendo el cómputo del monto hasta que el actor aporte recibos de haberes.
¿Quién es el actor?
Sr. Mario David Farfán.
¿A quién se demanda?
Galeno ART S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reparación económica (indemnizaciones) por incapacidad derivada de accidente de trabajo ocurrido el 13/12/2016 y por enfermedades profesionales/daño psíquico alegados; prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y Ley 26773.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda y se condenó a Galeno ART S.A. a abonar al actor las indemnizaciones previstas por los arts. 14.2.a) LRT y 3 de la Ley 26773; se difirió la estimación del monto de condena hasta que las partes aporten comprobantes de haberes (noviembre 2015 a diciembre 2016). Se impusieron las costas a la demandada y se difirió la regulación de honorarios hasta que se fije el monto de condena.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"II.- Así planteado el caso, y siguiendo los reiterados pronunciamientos de esta Sala, diré que no era necesario agotar la vía administrativa ya que dicha imposición implicaría negar al trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional- el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; derechos fundamentales en un estado democrático y republicano y efectivamente garantizados por los arts. 16, 75 inciso 22 C.N.; arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica; por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, convenciones todas de jerarquía supra-constitucional.
El imponer trámites administrativos previos para acceder a prestaciones vitales como lo son las previstas en la LRT contraría, además, derechos humanos fundamentales como lo son el acceso a la salud, a la calidad de vida, derechos que involucran la vida digna, el derecho prioritario en un sistema legal como el nuestro (artículo 75, inciso 22 Constitución Nacional).
Desde esa óptica las normas de procedimiento que prevé la LRT y que fueron tachadas de inconstitucionales por el actor resultan objetables. Entonces, siguiendo la postura de la CSJN en “Castillo, Angel S. c. Cerámica Alberdi S.A.” 07/09/2004; Fallos 327:3610; Cita online: AR/JUR/2065/2004) y las que resultan de la sentencia de esta Sala del 27/2/2014 en Expte. Nº C-7314/13, caratulado: “Villarroel, Simón Alberto c/Berkley International ART S.A. y otros s/riesgo de trabajo”, confirmado por el Superior Tribunal de Justicia en L.A.58, Nº309, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 16, 18 75, inc. 12, 116 y concordantes de la Constitución Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica -en tanto establece como garantía judicial mínima la de ser juzgado por los jueces naturales- propicio hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y en consecuencia declarar que resultan inaplicables en autos."
"IV.- Despejados los reparos formales y adentrándome al tratamiento de la cuestión de fondo diré que el accidente que sufrió el actor no está desconocido y fue objeto de denuncia, aceptada por la ART, lo que sostiene la demandada es haber dado cumplimiento a sus obligaciones ya que otorgó cobertura hasta que el trabajador fue dado de alta sin incapacidad.
Pero la pericia medica efectuada en la causa desvirtúa tal aserto ya que según informó el perito médico el actor presenta una limitación funcional del tobillo derecho más inestabilidad articular que le generan un 13% de incapacidad funcional.
Estas secuelas del accidente –que no fueron motivo de impugnación por las partes- tornan insostenible la pretensión de la demandada de que no devinieron secuelas incapacitantes del mismo; ello resulta insostenible según las constancias de la causa ya que el actor sí presenta lesiones que lo incapacitan. Y en la causa la demandada no probó que el accidente ocurriera por culpa de la víctima, como lo sostuvo. En consecuencia, no existiendo eximente corresponde hacer lugar al reclamo indemnizatorio derivado de la limitación funcional que informó el perito médico.
No así en relación al invocado daño psicológico invocado ya que no existe prueba al respecto, tampoco el accidente resultó de gravedad o entidad suficiente para provocarlo, tampoco las labores que efectuaba, porque sobre el punto no obra ninguna prueba.
Por lo apuntado corresponde tener presente que la incapacidad funcional que presenta el actor es del 13% a la que corresponde sumar los factores que ponderó el perito según método de cálculo impuesto por Decreto 659; así concluyo que presenta una incapacidad parcial, permanente y definitiva equivalente 17,16% t.o.
El referido es el grado de incapacidad que debe computarse para fijar el monto de condena y teniendo en cuenta que la edad del actor a la fecha del siniestro era de 34 años (fojas 11). Pero siendo que no obra constancia en autos de los salarios percibidos durante el año inmediatamente anterior al siniestro, a fin de calcular el ingreso base, corresponde diferir la estimación del monto de condena hasta tanto el actor arrime elementos de juicio para efectuar dicho cálculo."
"V.-Por lo considerado estimo corresponde hacer lugar al reclamo y condenar a la demandada al pago de la indemnización correspondiente difiriendo la estimación del monto de condena e imponiéndole las costas por haber resultado perdidosa, ya que no existen motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (artículo 95 del C.P.T.). Asimismo propongo que la regulación de los honorarios también se difiera hasta tanto se fije el monto de condena."
¿Cómo votaron los jueces?
Unánime. Los Dres. Montes (voto de Presidencia), Hugo C. Moisés Herrera y Domingo A. Masacessi adhieren; no hubo disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
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