DESPIDO: FERREYRA, RENE EDGARDO c. INDUSTRIAS PLASTICAS ARGENTINAS S.R.L
El actor reclamó indemnización por despido, preaviso, integración, incrementos legales y multa del art. 80 LCT por despido ocurrido el 13/08/2018. La Sala I del Tribunal del Trabajo hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró injustificado el despido por falta de prueba de la injuria patronal y condenó a la empleadora al pago de $2.271.105,19 más intereses y costas.
¿Quién es el actor?
Sr. René Edgardo Ferreyra, representado por Dr. Diego Fabián Morodiel.
¿A quién se demanda?
INDUSTRIAS PLASTICAS ARGENTINAS S.R.L., representada por Dr. Gonzalo César de la Colina.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por despido sin justa causa (despido el 13/08/2018), preaviso, integración, incremento del art. 2 de la ley 25.323, multa del art. 80 LCT, diferencias salariales y otros rubros; además certificación de servicios y otros auxilios.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar parcialmente a la demanda. Se declaró injustificado el despido y se condenó a la demandada a pagar indemnización por despido, preaviso, integración, incremento art. 2 Ley 25.323 y multa art. 80 LCT por un total al 26/06/2021 de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.271.105,19). Se rechazaron las diferencias salariales y el daño moral solicitado. Se impusieron costas a la demandada y se regularon honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"I.- En autos el reclamo del trabajador está dirigido al pago de la indemnización por el despido directo producido por Industrias Plásticas Argentinas S.R.L. el 13.08.18 (fs. 18) la que invoca como causa del despido el no encontrarse el actor afectado por ninguna dolencia o afección que venía invocando desde octubre del 2017 para justificar la licencia por enfermedad encontrándose apto físicamente para trabajar, lo que le ocasiona un grave perjuicio a la economía de la empresa, de igual modo el pretender ampararse en una enfermedad profesional inexistente. Adentrándonos en las circunstancias que rodearon al caso advertimos que el Sr. Ferreyra había solicitado licencia por enfermedad desde Septiembre del 2017, a partir de esa fecha se sucedieron las licencias y a la par la empleadora comenzó a atrasarse en el pago de haberes, lo que motivó la denuncia administrativa tramitada por Expte. Nº 1208-0002-2018, agregado por cuerda, en la que reiteradamente el trabajador, previa intimación vía telegrama, reclama el pago de los haberes mensuales, situación que fue recurrente siendo los salarios abonados invariablemente con atrasos por parte de la empleadora. Ahora bien adentrándonos en el despido producido por la empleadora la misma invoca mala fe del trabajador y falta de lealtad ya que al encontrarse Apto Físicamente para trabajar se amparó en la licencia por enfermedad para no hacerlo. Ahora bien, por toda prueba de la causal invocada la patronal en su responde hace referencia a los exámenes periódicos emitido por Galeno ART; no acompaña informe médico o certificación del Servicio de Medicina del Trabajo MEDOC que invoca como sustento de su decisión, informe que habría producido dicho servicio médico en fecha 08.08.18, tampoco lo hace con los estudios complementarios en los que sustenta su medida. Sabido es que el principio general del onus probandi nos impone la regla de que el que alega debe probar, acá ninguna prueba se produjo acerca de la aptitud física del trabajador, de que el mismo gozaba de salud práctica al 13.08.2018. Por el contrario, quedó demostrado que el trabajador estaba en pleno uso de la licencia dentro de las pautas establecidas por el art. 208 de la LCT, invariablemente el trabajador justificó sus inasistencias por enfermedad; prueba de ello es el pago por parte de la empleadora de las remuneraciones hasta el momento del despido. Ello de por sí descalifica la conducta de la demandada, apareciendo como carente de sustento la medida tomada. No obstante ello la actitud asumida por la empleadora está lejos de ser la que correspondía observar en la emergencia. En primer lugar si consideraba que el Sr. Ferreyra se encontraba en condiciones de trabajar, desconociendo lo prescripto por sus médicos, debió recurrir a dictamen de una Junta Médica, sea en sede administrativa o judicial, al fin de que se determine con certeza el estado de salud del trabajador, por lo que la conducta asumida de creer en su justicia, de considerar per se de que el actor simulaba o lo engañaba, tomando la decisión de despedirlo, hace que deba cargar con las consecuencias de su propia incuria."
"II.- Lo propio de un buen empleador, en coherencia con criterios de colaboración y solidaridad, es arbitrar los medios necesarios a través de la consulta de facultativos de algún organismo público o de la celebración de una junta médica con la intervención de médicos de ambas partes litigantes; siendo insuficiente la opinión o dictamen de su servicio médico, debió requerir la opinión de un tercero imparcial a los intereses de las partes en litigio. Sobre el particular la jurisprudencia tiene dicho que: 'Si bien es innegable el derecho de la patronal a verificar si el accionante se encontraba efectivamente en condiciones de reanudar su prestación, tanto en resguardo del trabajador como de su propia eventual responsabilidad, en el caso es evidente que se apresuró a romper el vínculo laboral toda vez que, ante la discrepancia de las opiniones médicas, no pudo decidirse a favor del criterio del médico patronal sin antes acudir a una junta médica oficial o a la búsqueda de una decisión administrativa o judicial que dirima el conflicto. Frente a la discrepancia sobre la capacidad del demandante para reintegrarse a su puesto de labor, la empleadora tuvo a su alcance y debió agotar otras medidas tendientes a mantener la continuidad del vínculo (arts. 10, 62 y 63, LCT) antes que adoptar la decisión de rescindirlo. En consecuencia, la actitud asumida por la empleadora devino injustificada e ilegítima; razón por la cual corresponde revocar lo resuelto en la sentencia de grado y hacer lugar a las indemnizaciones derivadas del despido injustificado.'"
"III.- En conclusión me pronuncio por la procedencia del reclamo del trabajador, no habiéndose demostrado por parte de la demandada, la injuria que invocó como sustento de la extrema medida disciplinaria, esto es el despido, por lo que deberá indemnizar al trabajador conforme lo dispone el art. 245 de la LCT."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Chazarreta pronunció el voto de Presidencia de Trámite con los fundamentos precedentes; el Dr. Domínguez adhirió “por análogos fundamentos”. El dispositivo final (acuerdo de Sala) resolvió conforme a la propuesta del primer voto.
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
- Ley 25.323Contrato de trabajo
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