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Cámara de Apelaciones

DESPIDO: DI FILIPPO, SOFIA VERONICA c. MARTINEZ ALVARADO, EUGENIA

La actora demandó por despido reclamando indemnización, preaviso, integración de SAC, vacaciones no gozadas, haberes adeudados e incrementos por ley 25.323. La Sala I del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda y condenó a la demandada al pago de $560.537,44 más accesorios y a la entrega de certificación de servicios, por considerar injustificado el despido y no acreditada la causal del art. 247 LCT.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala I (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala I
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-123976/2018
Despido injustificado Art. 245 lct Art. 247 lct Indemnizacion laboral Ley 25.323 Certificacion de servicios Multa art. 80 lct Honorarios Pruebas Jujuy tribunal del trabajo

¿Quién es el actor?

Sra. Sofía Verónica Di Filippo (representada por Dr. David Fernández; patrocinio Dra. Alejandra Valeria Morales).

¿A quién se demanda?

Sra. Eugenia Martínez Alvarado (representada por Dr. Ernesto Benjamín González de Prada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por despido, preaviso, integración de SAC e integración sobre preaviso, vacaciones no gozadas y SAC sobre las mismas, multa art. 80 LCT, haberes adeudados, incrementos por ley 25.323, certificación de servicios, diferencias salariales y horas extras; además se reclamó conducta temeraria y daño moral.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda y se condenó a la demandada a pagar PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 560.537,44) por los rubros reclamados, a entregar la certificación de servicios dentro de los sesenta días hábiles de quedar firme el decisorio con multa diaria de $1.000 por demora, y a costas. Se regularon honorarios y se impuso tasa y contribución por Secretaría.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que a la luz de lo manifestado por la demandada en su comunicación de fs. 15 se imponía la prueba acabada de las circunstancias invocadas para encuadrar la situación en las previsiones del art. 247 de la LCT, ello por cuanto dicha causal debe tener origen en hechos ajenos a las partes exigiéndose ajenidad del empleador, la falta o disminución de trabajo no debe ser imputable al patrón, dicha norma es una excepción al principio de ajenidad del ‘riesgo empresario’ en relación al trabajador por lo que para que funcione se requiere al menos un una imposibilidad demostrada, una excesiva onerosidad sobreviniente; que la misma sea perdurable y no tratarse de una crisis pasajera o temporaria ... Otro requisito ineludible radica en la adopción por parte de la empleadora de medidas tendientes a evitar o al menos morigerar los efectos de la crisis que invoca y que las medidas tomadas resultaron infructuosas."

"La demandada en su responde se limita a argumentar la existencia de una situación económica insostenible, pero si bien tales dificultades económicas y financieras pudieron afectar su comercio lo cierto y real es que la ley de contrato de trabajo para reducir las obligaciones del empleador en casos de despidos como el que se invoca, exige que se cumplimenten una serie de requisitos, de lo contrario se obliga a la trabajadora a soportar riesgos que no son propios. Así entonces la Sra. Martínez Alvarado debió haber acreditado que observó una conducta de buen empleador, un comportamiento diligente de acuerdo a las circunstancias y que las dificultades que invoca la excedieron el riesgo propio de la actividad empresaria; nada de ello se demostró en la causa, ni siquiera demostró haber promovido el pertinente procedimiento preventivo de crisis."

"II.- Que en mérito a lo expresado la situación hace que considere al despido como injustificado, encuadrado en las previsiones del art. 245 de la LCT... debemos estar al [informe contable del perito] para fijar el monto de condena ascendiendo a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 560.537,44) ... De igual modo resulta procedente el rubro no dinerario de entrega de certificación de servicios, obligación que deberá cumplir la demandada dentro de los SESENTA DIAS hábiles de quedar firme el presente decisorio, fijándose una multa diaria de PESOS UN MIL por cada día de demora..."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Chazarreta expone detalladamente los fundamentos citados y propone hacer lugar; el Dr. Domínguez adhiere "por análogos fundamentos a los vertidos por Presidencia de Trámite, voto para que así se resuelva." No se registran disidencias.

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