Recurso de ley 5992/16 Art. 27 Alberdi S.A. c/ Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy-Estado Provincial
Alberdi S.A. apeló la multa administrativa de $28.000 impuesta por la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial por infracción a resoluciones sanitarias. La Cámara rechazó el recurso, sostuvo que el recaudo del depósito previo no resulta inconstitucional en el caso y confirmó la graduación de la sanción por no advertirse arbitrariedad.
¿Quién es el actor?
Alberdi S.A., representada por el Dr. Federico José Montalbetti.
¿A quién se demanda?
Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy (Estado Provincial), representado por el Dr. Franco Alfredo Meriles.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revocatoria de la Resolución Nº 508-D.P.C.P y C-2020 de fecha 10/06/2020 que impuso una multa de $28.000 por presunta infracción a las resoluciones 86/2020, 100/2020 y 102/2020 (inspección en sucursal de supermercado y sector carnicería).
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de apelación; regular honorarios al apoderado del recurrente en $33.824; no regular honorarios al representante del Estado por actividad inoficiosa; costas a la parte vencida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De manera liminar corresponde expedirnos sobre el planteo de inconstitucionalidad del recaudo de “depósito previo de la multa”.
Sabido es que esta declaración es una herramienta extrema y que su declaración, si bien procede de oficio, en tanto los jueces se encuentran obligados a analizar los planteos siempre a través de su tamiz, no es menos cierto que se hace procedente como último recurso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente, que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal, constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, pues implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como “ultima ratio” del orden jurídico a la que solo cabe acudir, cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparada por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan las normas jerárquicas inferiores (Fallos 302:457; 324:920; entre otros).
Al ser así, no se advierte la necesidad de tal declaración en el caso.
En primer lugar, porque en autos se ha tramitado la causa sin óbice alguno, es decir, sin la exigencia del depósito previo ahora cuestionado.
Pero además, el cuarto párrafo del artículo cuestionado, en cuanto prevé la posibilidad de “considerar la eximición de tal deposito al sumariado que acredite en las actuaciones, al interponer el recurso de apelación, que el pago de la multa resulta de imposible cumplimiento o que pudiera poner en grave peligro su actividad” abre la posibilidad al interesado de obviar tal recaudo cuando razones atendibles así lo justifiquen. Haciendo de esta manera razonablemente flexible el recaudo e impide considerarla –sin decisión adversa previa- en principio inconstitucional por vedar el acceso a la justicia."
"De la Resolución Nº 508/2020 (fs. 5/6) del expediente administrativo Nº 2006-382-2020, 100/2020 y 102/2020 que fuera atacado, surgen claramente los fundamentos por los cuales el Director Provincial de Asuntos Jurídicos del M.D.E. y P., tiene por acreditada la infracción.
Respecto de la fundamentación de la graduación de la multa, cabe recordar los parámetros que regula la Ley de Defensa del Consumidor en lo relativo a la graduación de las sanciones; el artículo 47 dispone: “…verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones…b) multa de pesos cien ($100) a pesos cinco millones ($5.000.000).
A su vez, el articulo 49 prescribe que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Siendo así, y habiendo tratado la Dirección Provincial ya la cuestión del hecho que originó la infracción explicitando los motivos de la sanción y dando fundamento a la decisión (antecedentes de infracción), queda claro que no resulta arbitrario el decisorio recurrido.
Teniendo en cuenta los parámetros mencionados y que el monto de la multa impuesta ($28.000) se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo establecido por la ley, es estimable que la graduación de la misma no resulta arbitraria, porque tampoco se ofreció prueba destinada a desmentir los hechos constatados en la inspección, y que dieron motivo a la inspección legal.
Es correcto concluir que el recurso de apelación debe ser rechazado."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto de la Dra. Elba R. Cabezas expone los considerandos que conforman la decisión; los Dres. José A. López Iriarte y Esteban J. Arias Cau adhieren al voto de presidencia. No hay disidencias.
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
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