INCIDENTE DE CADUCIDAD DE INSTANCIA EN B-183231/08: ADEMAR SOLIS c/ MARCELO OMAR VIDAURRE
Incidente de caducidad de instancia promovido por el actor en causa laboral por despido. La Sala III del Tribunal del Trabajo declaró operada la caducidad de la instancia por transcurso excesivo del plazo y abandono procesal, con costas y diferimiento de la regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Ademar Solís (mediante Dra. Carina Pereyra).
¿A quién se demanda?
Marcelo Omar Vidaurre (en el principal: Vidaurre c/ Supermercado Vida, Ademar Solís, Carlos Solís, Jairo Rafael López).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Incidente de caducidad de instancia en juicio laboral por despido sin justa causa; se pidió que se suspenda el trámite principal hasta resolver el incidente y se declare operada la caducidad de la instancia.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al incidente; se declaró operada la caducidad de la instancia del principal, con costas; se difirió la regulación de honorarios profesionales.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
“Sabido es, que el instituto de la caducidad de instancia reconoce como fundamento el interés público, comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso, evitando su prolongación indefinida en detrimento de la buena administración de justicia y, se apoya en una presunción tácita de su abandono por el accionante.” (Libro de Acuerdos Nº 48, Fº 1732/1734, Nº 605).
“Es casi un lugar común respecto de la institución sometida a estudio y decisión, que la caducidad de instancia debe apoyarse en dos supuestos: a) El interés público, comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso, evitando la prolongación indefinida en detrimento de una buena administración de justicia, b) En la presunción tácita de abandono por parte del accionante.” (Libro de Acuerdos Nº 38 Fº 111/114 Nº 54).
“Esto evidencia que no correspondía al órgano jurisdiccional carga alguna de avanzar con el pleito. Si bien ambas partes expusieron su intención de lograr una solución conciliatoria, era el actor el principal interesado en que el juicio continúe si ello se frustraba. Entonces, el pedido de apertura a prueba realizado por el demandante dos años y ocho meses después del último acto procesal demuestra el abandono denunciado por su contraria, dado que se superó holgadamente el tiempo contemplado en el art. 200 del C.P.C. de aplicación supletoria.
No se altera la conclusión precedente con el dictado de oficio del decreto del 02 de febrero de 2012 (fs. 126). Sin evaluar si fue ajustado a lo acordado por las partes en la audiencia de conciliación o si era el trámite procesal que se estimó conveniente para esclarecer los hechos controvertidos, lo cierto es que se concretó casi dos años después de celebrada la audiencia de conciliación, lo que evidencia que el expediente ya se encontraba caduco. En este sentido, con base en lo previsto en el art. 201 de la ley adjetiva supletoria, la caducidad opera de pleno derecho y no se puede cubrir con actos posteriores al vencimiento del plazo.”
“Por lo expuesto, atento a las previsiones de los arts. 200 y 201 del C.P.C. y el transcurso del tiempo constatado en autos, corresponde declarar que operó la caducidad de instancia del principal, con los efectos que dispone el art. 203 del C.P.C., con costas según lo establecido en el art. 204. Se difiere la regulación de honorarios profesionales para cuando los interesados arrimen pautas suficientes a tal fin.”
¿Cómo votaron los jueces?
No constan votos en disidencia en el dispositivo aportado.
Fechas relevantes: audiencia de conciliación 15/03/2010; decreto oficio 02/02/2012; apertura a prueba solicitada 19/11/2012; inicio del incidente 27/12/2012; notificaciones y actuaciones entre 2013 y 2017; resolución: 10/08/2022.
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