ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO: LORENZO, NESTOR RAMON c/ COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A
El actor promovió demanda por incapacidad derivada de accidente de trabajo contra la compañía de seguros responsable. La Cámara (Tribunal del Trabajo, Sala III) hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 en el caso y condenó a la aseguradora al pago de $385.724,53 con costas.
¿Quién es el actor?
Néstor Ramón Lorenzo, por medio del Dr. Benjamín Eduardo Magliano.
¿A quién se demanda?
Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., representada por el Dr. Juan Sebastián Jenefes Quevedo.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Prestaciones dinerarias y en especie previstas en la ley de riesgos del trabajo por incapacidad derivada de accidente de trabajo; impugnación de la competencia de las comisiones médicas y declaración de inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la ley 24.557 y normas relacionadas.
¿Qué se resolvió?
Se declaró la inconstitucionalidad para el caso de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (extensible a normas reglamentarias en materia de competencia); se hizo lugar a la demanda y se condenó a la aseguradora al pago de $385.724,53; se regularon honorarios y costas a cargo de la demandada. Votos coincidentes de los tres vocales (Ontiveros, Galíndez y Rodríguez).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Como es sabido por todos los operadores jurídicos vinculados al fuero del trabajo, la ley 24.557 ha merecido numerosas declaraciones de inconstitucionalidad. Por ello, no es necesario profundizar sobre los argumentos que dan apoyo a la constitucionalidad o no de algunas de las disposiciones censuradas por el actor, en concreto sobre los arts. 21, 22 y 46 (comisiones médicas y competencia judicial). Este articulado fue ya analizado por el Máximo Tribunal nacional y, por los sobrados fundamentos aportados, corresponde que sean declarados inconstitucionales en el sub lite."
"Es así que los arts. 21, 22 y 46 de la L.R.T., en un claro apartamiento a las disposiciones constitucionales (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional), sustraen la materia que se discute en este pleito de la justicia ordinaria, lo cual no puede ser admitido, máxime a la luz de lo previsto en el art. 145 inc. 2º y 149 inc. 1º de la Constitución Provincial."
"Así, cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales en alguna ciencia, la prueba pericial resulta pertinente. En su mérito, se procede a nombrar peritos (art. 80 C.P.T.) y la fuerza probatoria del dictamen debe ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica racional (art. 17 C.P.T.) y demás elementos de convicción de la causa. Entonces, los argumentos expuestos por el especialista hacen que se estime razonable concluir que la incapacidad que afecta a la actora es del 12% de la T.O."
Cálculo y reparación: Se aplicó la fórmula prevista (53 x ingreso base mensual $45.097,61 x 12% x (65/58)) resultando $321.437,11 más indemnización adicional prevista por art. 3 de la ley 26.773 por $64.287,42; total condenado $385.724,53. Se fijaron intereses por mora según tasa activa del BNA y costas a cargo de la demandada.
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Ontiveros votó con los fundamentos transcritos; los Dres. Galíndez y Rodríguez adhirieron al voto del Presidente de trámite. No hubo disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
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