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Cámara de Apelaciones

ENFERMEDAD ACCIDENTE DE TRABAJO: DIAZ, ARIEL AGUSTIN c. ESTADO PROVINCIAL – POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY

El actor reclamó prestaciones dinerarias por secuelas incapacitantes derivadas de un accidente de servicio en cumplimiento de la ley de riesgos del trabajo. La Cámara del Trabajo hizo lugar a la demanda, condenó al Estado Provincial a pagar $1.951.108,82 y aplicó una tasa de interés elevada para evitar la licuación monetaria, rechazando la prescripción.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala I-Vocalía 2 (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala I-Vocalía 2
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-117685/2018
Riesgos del trabajo Accidente de servicio Prescripcion Incapacidad permanente parcial (12 1%) Liquidacion indemnizatoria ($1.951.108 Tasa de interes (2 5 veces tasa bna) Inconstitucionalidad arts. 21 22 y 46 lrt Pericia medica Tribunal del trabajo Sala i Estado provincial demandado

¿Quién es el actor?

Sr. ARIEL AGUSTÍN DÍAZ (agente de la Policía de la Provincia de Jujuy).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial – Policía de la Provincia de Jujuy.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo por incapacidad derivada de un accidente ocurrido el 25/11/2014 durante una comisión de servicio (traslado de un cadáver), incluyendo la determinación del porcentaje de incapacidad y la liquidación indemnizatoria; se pidió también declaración de inconstitucionalidad de arts. 21, 22 y 46 de la LRT.

¿Qué se resolvió?

La Sala I del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda y condenó al Estado Provincial a abonar PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.951.108,82) por prestaciones dinerarias de la LRT y la prestación adicional prevista en la ley 26.773; las costas y honorarios se impusieron a la parte demandada. Se rechazó la prescripción alegada y se fijó la incapacidad parcial, permanente y definitiva en 12,1% de la totalidad de la tarea (t.o.), aplicándose una tasa de interés de dos veces y media la tasa activa del BNA para compensar la depreciación monetaria. Se admitió el planteo de inconstitucionalidad de arts. 21, 22 y 46 de la LRT en el sentido de que el trabajador puede acudir directamente a la jurisdicción.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Habiendo opuesto como primer defensa la de prescripción de la acción , corresponde su tratamiento como cuestión previa... Anticipo mi opinión por el rechazo del planteo de la demandada; la norma precitada fija el plazo en dos años a contar ‘desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral’; ahora bien considero que la fecha de inicio no puede ser la que invoca la demandada ya que no existe Alta del trabajador que nos diga que la ILT haya cesado al año; por lo que resulta improcedente tomar dicha fecha. Reiteradamente sostuvimos que el comienzo del cómputo de la prescripción debe partir desde el momento que el trabajador tiene conocimiento cabal de su incapacidad... Requisito sine qua non, para que comience a correr la prescripción, el conocimiento, por parte del damnificado, de la magnitud de su daño. Y en concordancia con la sentencia de la CSJN ... el reclamo ante el SECLO interrumpe la prescripción... Así entonces el momento en que la prestación debió ser abonada o prestada debe interpretarse que lo es desde el momento en que hay determinación de incapacidad definitiva, ahí es cuando el trabajador tiene certeza del crédito y está en condiciones de reclamar judicialmente el mismo. La acción no está prescripta.”

“De las declaraciones transcriptas no me quedan dudas de que el accidente ocurrió... si bien no se probó de que el actor haya caído desde una altura de tres metros... si se acreditó que resbaló y que el camino era angosto y que había pendiente, que fue ayudado por sus compañeros, que se golpeó la espalda, que no pudo seguir cargando el cuerpo y que bajó caminando a su ritmo; también está probado de que a partir de ese día dejó de trabajar, con parte médico, y que no volvió a prestar servicios en el Cuerpo de Bomberos ni en otra dependencia de la Policía; es más la demandada reconoce que se encuentra tramitando el retiro.”

“En cuanto a las secuelas... el perito... expresa: ‘Total de limitaciones funcionales columna dorso lumbar: 10% de incapacidad de la t.o. de acuerdo al Baremo Laboral... Aspecto psicológico: ...Existe una determinante relación de causalidad entre la afección del Sr. Díaz Ariel y el Daño Psicológico actual... Reacción Vivencial Anormal Neurótica (R.V.A.N.) con manifestación depresiva Grado II que obedece a un 5% de incapacidad… Determinación de la Incapacidad: 10% + 4,5% (5% de 90%) 14,5% de incapacidad de la t.o. Factores de Ponderación: Actividad: intermedia 10%. Amerita recalificación: 10%. Edad: 1%; total: 21%’.”

“Si bien la pericia fue observada por ambas partes, dichas objeciones no pasan de ser meras disconformidades con la conclusión del perito, encontrando al dictamen científicamente fundado... No comparto la incapacidad de orden psíquico... la facultad para fijar o diagnosticar este tipo de patologías –conforme la Resolución SRT Nº 762/2013- es asignada a un médico psiquiatra, no por un psicólogo...”

“En orden a lo expresado y por aplicación del precedente precitado corresponde admitir el reclamo del trabajador condenándose al Estado Provincial a abonar las prestaciones dinerarias previstas en el art. 14 ap. 2 inc. a) de la ley de riesgos con más la prestación adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773; ascendiendo el monto de condena a la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.951.108,82)...”

¿Cómo votaron los jueces?

El voto de Presidencia (Dr. Chazarreta) expone los fundamentos y propone la solución; los Dres. Domínguez y Camú adhieren expresamente al voto de Presidencia. El bloque dispositivo final coincide con la propuesta mayoritaria.

(NOTA: la sentencia contiene indicación al inicio que fue “Sentencia revocada (parcialmente) por la Suprema Corte de Justicia en fecha 12/3/2024 (Sentencia Nº 1352)”.)

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