RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN EL EXPTE. Nº C-214/2021 (Cámara de Apelaciones y Control – Vocalía 1) caratulado: `Recurso de Apelación Interpuesto por el Dr. Marcelo Elías, en Expte. Nº P-113729/2015 (J.C.P.E.D.C.A.P. – F.E.P. Nº 8) r
Se interpuso recurso de inconstitucionalidad por la supuesta incompetencia del Juzgado especializado y la falta de acreditación del delito precedente en una causa por encubrimiento agravado. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso por improcedente, sosteniendo que no se vulneró la garantía del juez natural y que existían indicios suficientes para elevar a juicio; además reguló honorarios por $27.562.
¿Quién es el actor?
El doctor Marcelo Elías, con patrocinio letrado del doctor Luis Alfredo Canedi, en ejercicio de la defensa técnica de J. R. Z.
¿A quién se demanda?
Se impugna la sustanciación y decisiones del Juzgado de Control en lo Penal Económico y de Delitos contra la Administración Pública y la resolución de la Cámara de Apelaciones y Control que desestimó el recurso de la defensa.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad absoluta de todo lo actuado por el Juzgado especializado por incompetencia (vulneración de la garantía de juez natural); en subsidio, se cuestiona la insuficiente acreditación del delito precedente (lesiones culposas) y la valoración de la prueba que motivó la elevación a juicio por encubrimiento agravado.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad; regular honorarios en la suma de pesos veintisiete mil quinientos sesenta y dos ($27.562) a cargo del defendido; notificar.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que el hecho que motivó la presente causa data del 17 de julio de 2015, fecha que determinó la competencia del Juzgado de Control Nº 4.
Que el Agente Fiscal formuló requerimiento de investigación jurisdiccional contra J. R. Z. el 24 de febrero de 2016 (fs. 72/73).
Que mediante Ley Nº 5898 se creó el fuero en lo Penal Económico y de Delitos contra la Administración Pública.
Que por Acordada Nº 15/2019 y su modificatoria Nº 31/2019, el Superior Tribunal de Justicia ordenó reasignar las causas que se encontraban radicadas en los juzgados de control a dicho juzgado especializado de acuerdo a su competencia y que fueran ingresadas a partir del 28 de diciembre de 2018.
Así las cosas, se observa que conforme a lo reglado por las mentadas acordadas y la fecha de ingreso de la causa, la sustanciación de la misma debió continuar ante el Juzgado de Control Nº 4.
Sin embargo, no se puede soslayar -en términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que para resolver los conflictos de competencia en materia penal hay que tener en cuenta, entre otras cosas, las circunstancias especiales de la causa (Fallos 330:3623).
En ese orden de ideas cabe destacar que, en autos, el juez especializado –quien, por cierto, se avocó hace más de un año y medio y posee competencia en la materia [4]- hizo conocer causa de imputación, cerró la investigación y dispuso la citación a juicio de J. R. Z. Por lo tanto, en pos de evitar un desgaste jurisdiccional innecesario que lleve a anular actos cumplidos y salvaguardar así el principio de celeridad y eficacia, la solución que se impone es rechazar el planteo de nulidad.
Máxime, cuando lo decidido no vulnera la “garantía del juez natural”, toda vez que -como ya lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la mentada garantía no resulta afectada por la intervención de nuevos jueces en los juicios pendientes, como consecuencia de reformas en la organización de justicia o en la distribución de la competencia. Pues sólo tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa a la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene, constituyendo así, por vía indirecta, una verdadera comisión especial disimulada (Fallos 234:482); circunstancia que no se verifica en la especie."
"Ahora bien, tampoco resultan atendibles las objeciones vinculadas a la falta de acreditación del delito encubierto y a la indebida valoración de la prueba para elevar la causa a juicio, ya que solo constituyen una reedición de argumentos que fueron refutados con fundamentos suficientes y razonables en las instancias anteriores."
"En función de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad articulado por el doctor Marcelo Elías con patrocinio letrado del doctor Luis Alfredo Canedi en ejercicio de la defensa técnica de J. R. Z. Regular los honorarios de los letrados en la suma de pesos veintisiete mil quinientos sesenta y dos ($ 27.562, equivalente a 80% de 12 UMA), según Ley de Aranceles Nº 6112, con más el impuesto al valor agregado si correspondiese; a cargo de su defendido."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia fue acordada por la Sala Penal (Del Campo, Lamas González y Otaola). Las adhesiones de Lamas González y Otaola al voto que antecede determinan decisión unánime en el Superior Tribunal; en la instancia de Cámara de Apelaciones hubo voto mayoritario que desestimó el recurso y un voto disidente.
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