Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-18/2022 (Cámara de Apelaciones y Control - Vocalía 3) caratulado: ‘H., S. D. y A. S., E. p.s.a. de Estafa. Perico’ (Expte. Ppal. Nº P-203279-MPA/2018)
El defensor interpuso Recurso de Inconstitucionalidad contra la denegatoria de casación y la confirmación de la elevación a juicio por presunta estafa. La Sala II Penal rechazó el recurso por vía inadecuada y por inexistencia de arbitrariedad, confirmando la resolución de la Cámara de Apelaciones y Control y imponiendo costas al recurrente.
¿Quién es el actor?
Dr. Renato Jiménez Baca, en ejercicio de la Defensa Técnica de E. M. A. S.
¿A quién se demanda?
Resolución de la Cámara de Apelaciones y Control (Vocalía 3) que denegó la concesión del Recurso de Casación y confirmó la elevación a juicio; además contestaron Fiscalía y parte querellante (Dr. Raúl Sebastián Colqui).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de Inconstitucionalidad por “sentencia arbitraria” pidiendo que la Sala Penal revoque la decisión de la Cámara de Apelaciones y Control (denegatoria de casación y confirmación de elevación a juicio), alegando lesión del derecho de defensa y la imposibilidad de producir pruebas en juicio.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el Recurso de Inconstitucionalidad; se tuvo presente la reserva del caso federal; se impusieron las costas al recurrente; se regularon honorarios a favor del Dr. Raúl Sebastián Colqui en $44.607 más IVA si correspondiera.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"V.- Como primera medida, cabe poner de manifiesto que el objeto que lleva al Sr. Defensor a alcanzar esta instancia lo constituye la no concesión -por parte de la Cámara de Apelaciones y Control- del Recurso de Casación interpuesto por aquél contra la resolución de esa Alzada que –oportunamente- había rechazado el recurso de su especialidad.
En esos términos, la pretensión recursiva que nos convoca no puede prosperar, habida cuenta que el ocurrente ha elegido una vía oblicua y técnicamente inadecuada para impugnar la resolución en crisis.
Lo dicho obsta al progreso de la presentación bajo examen, en tanto el legislador acotó el “derecho a recurrir” sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos (Art. 438 C.P.Penal)."
"Por otra parte, cabe recordar que la etapa preliminar del proceso ha sido concebida para comprobar sin tardanza la existencia del hecho delictivo, establecer las circunstancias que lo califiquen e individualizar a los presuntos autores (cfr. Art. 340, C.P.Penal), habiéndose establecido que la duración de ésta no debe exceder de veinte meses (Art. 375 que remite al Art. 367, ídem; en el mismo sentido cfr. LA PE 6, Nº 143 y LA PE 7, Nº 118).
En la especie, considerando que el término legalmente previsto para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria se encuentra ampliamente cumplido (dado que el inicio de la misma se remonta al 30 de Agosto de 2018 y el Requerimiento de Elevación a Juicio al 10 de Noviembre de 2020), no cabe duda que el criterio adoptado por el Sr. Juez de Control –confirmado por la Alzada- no merece reproche alguno, en la medida que adoptar un temperamento diferente implicaría desnaturalizar la esencia misma de aquella etapa."
¿Cómo votaron los jueces?
Unánime: voto de la Dra. Lamas González con adhesión de los Dres. Llamas y Otaola; el bloque dispositivo final consta textualmente en la resolución.
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