Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº C-171.246/2020 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala II- Vocalía 3): Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: “Ruiz Rafael Conrado c/ Estado Provincial
El actor impugnó el encuadramiento de su retiro por accidente sufrido el 18/04/17 como en y por acto de servicio contra el Estado Provincial. La Sala III rechazó el recurso del actor y hizo lugar al recurso del Estado Provincial únicamente para regular honorarios de Fiscalía de Estado y del apoderado del actor, con imposición de costas por el orden causado.
¿Quién es el actor?
Rafael Conrado Ruiz, representado por el Dr. Héctor Guillermo Paganetti.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial, representado por la Fiscalía de Estado (Dra. Andrea Isabel Szecsi).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugnó el acto administrativo que encuadró su retiro; el actor sostiene que el accidente de tránsito del 18/04/17 debe considerarse "en y por acto de servicio" (art. 22 inc. a) ley 3759/81) y reclama el retiro con haber del cien por ciento del grado inmediato superior.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 20/05/22; se hizo lugar al recurso del Estado Provincial para regular honorarios a Fiscalía de Estado por $74.340; se regularon honorarios al Dr. Paganetti por $31.224; se impusieron las costas de ambos recursos por el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Reiteradamente este Superior Tribunal de Justicia -siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha dicho que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección, en tercera instancia, de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales (Fallos 244:384 cita de Genaro R. Carrió – Alejandro D. Carrió, 'El recurso extraordinario por sentencia arbitraria', tercera edición, pág. 29, Abeledo-Perrot, 1983)."
"Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, entiendo acertadas las conclusiones a las que arriba el Tribunal de grado en tanto, luego de analizar los antecedentes fácticos de la causa, explicó que el evento denunciado no obedece a una contingencia acaecida en el cumplimento de actos específicos de defensa de la seguridad y mantenimiento del orden público, propios de la función policial.
A lo que agrego que, aún cuando la pericia médica y la Junta Provincial de Reconocimientos Médicos en sus distintas intervenciones hubieran relacionado los padecimientos del actor con el accidente sufrido por el mismo, ello no era determinante a los fines de la acción interpuesta en el principal, porque al Tribunal en lo Contencioso Administrativo le compete juzgar si el acto administrativo que se ataca resulta legítimo o no.
Por esas razones, que estimo necesario resaltar, la sentencia se encuentra debidamente fundada y resulta ser una derivación razonada del derecho vigente conforme a los hechos acreditados en la causa (art. 29 inc. 3º de la Constitución Provincial)."
"En efecto, de la lectura del fallo citado por el a quo, en base al cual resolvió no regular honorarios a Fiscalía de Estado, surge que -tal como lo afirma el recurrente- la situación fáctica de ese precedente difiere de la del presente caso.
Es por ello que, más allá de los criterios expuestos por este Máximo Tribunal (cfr. fallos: L.A. Nº 5, Fº 354/356, Nº 98; L.A. Nº 4, Fº 562/567, Nº 124 entre otros) respecto del momento que debe tenerse en cuenta para decidir si se aplica o no el beneficio contemplado en el art. 2 de la ley 5251 -ya sea si la ley 6112 se encontraba vigente al momento en que se interpuso la demanda o bien en la fecha de interposición del recurso-, en el caso de autos ninguna duda cabe de que corresponde la aplicación de la ley 6112, en tanto la actora interpuso la acción contencioso administrativa en fecha 29/12/20 (ver en S.G.J escrito Nº 40998), es decir aproximadamente dos años después de la entrada en vigencia de la normativa en cuestión.
Es por ello que, habiendo el a quo fijado los estipendios a favor del Dr. Héctor Guillermo Paganetti en su carácter de vencido, conforme al mínimo establecido por el art. 26 y no encontrándose controvertida la cuantificación de los mismos por ninguna de las partes, a los fines de evitar el desgaste jurisdiccional innecesario que implicaría el reenvío al solo efecto de establecer la regulación de los honorarios de Fiscalía de Estado, corresponde acoger el recurso en el punto y establecerlos por la labor desarrollada en esa instancia, en la suma de setenta y cuatro mil trescientos cuarenta ($74.340) (artículos 20 y 26 de la ley 6112)."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Martín Francisco Llamas, María Eugenia Nieva y Federico Francisco Otaola firmaron el acuerdo; no consta voto en disidencia.
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