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Cámara de Apelaciones

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION: NIEVES, VERÓNICA ANGÉLICA c/ ESTADO PROVINCIAL

La actora promovió demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra el Estado Provincial solicitando la revocación del decreto Nº 5897-G-14 y su incorporación a la fuerza de seguridad. La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso, revocó el decreto impugnado por arbitrariedad y vulneración del debido proceso, pero rechazó la pretensión de incorporación al cuerpo policial.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala I-Vocalía 2 (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala I-Vocalía 2
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-36484/2014
Contencioso administrativo Denegatoria tacita Debido proceso Derecho de defensa Baja como alumna / sancion administrativa Revocacion de decreto 5897-g-14 Incorporacion a fuerza de seguridad (rechazada) Costas y honorarios ($141.600) Instituto superior de seguridad publica (issp) Ley de procedimiento administrativo n? 1.886

¿Quién es el actor?

Verónica Angélica Nieves (representada por el Dr. Venancio Llanes).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial de Jujuy.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna el decreto Nº 5897-G-14 y se solicita la revocación del acto administrativo que rechazó su recurso jerárquico; además peticiona su incorporación a la fuerza de seguridad.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso contencioso administrativo y se revocó el decreto Nº 5897-G-14; se desestimó la pretensión de incorporación de la actora a la fuerza de seguridad; se impusieron las costas al Estado Provincial y se fijaron honorarios al apoderado de la actora por $141.600.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"V) Trabada la litis como quedara expuesto, en primer orden, le asiste razón a la accionada en cuanto a que el decreto Nº 5897-G-14 no contiene un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Empero el planteo de la accionante es igualmente conducente puesto que el recurso jerárquico que motivó el dictado de dicho decreto se encontraba articulado en legal tiempo y forma y cuando se hallaba cumplido el plazo para que la autoridad competente se expidiese. En ese marco, la Administración debió pronunciarse sobre el fondo y no solamente hacer hincapié en una cuestión netamente procedimental que, a la sazón, resulta arbitraria.

En efecto, el recurso planteado por Nieves se motiva en que operó la denegatoria tácita del recurso de revocatoria articulado en contra de la resolución Nº 234-G-12. De la compulsa del expediente administrativo Nº 400-124/11 surge que el 5/12/12 aquélla presentó recurso de revocatoria en contra de dicha resolución, mientras que del expediente administrativo Nº 200-656/12 se desprende que el 13/12/12 articuló recurso jerárquico ante el Gobernador.

Por su parte, el art. 135 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1.886 (LPA, en adelante) prevé que: “Para la interposición del recurso jerárquico es requisito previo haber solicitado del funcionario autor del acto recurrido, la revocación o reforma del mismo, y que ésta haya sido denegada. Si la autoridad ante quien pende el recurso de revocatoria no se pronunciare en el plazo a que se refiere el Artículo 123º se entenderá que lo deniega quedando, en consecuencia, expedita la vía del recurso jerárquico”.

VI) En un segundo orden de ideas, si bien la Administración no analizó el fondo de la cuestión y ello -en principio- configuraría un valladar para la revisión judicial, a los fines de evitar un mayor dispendio jurisdiccional y garantizar una tutela judicial efectiva, considero que resulta procedente analizar los aspectos sustanciales de la demanda de autos. Ello así toda vez que en el procedimiento administrativo seguido en contra de Verónica Angélica Nieves en el que se dispusiera su baja como alumna del ISSP, se advierte la existencia de una violación grave y manifiesta al derecho de defensa, a la garantía del debido proceso y a ser oído previamente.

Dicho ello, de la compulsa de las actuaciones administrativas resulta probado que ellas se iniciaron con el dictado de la resolución Nº 170-ISSP-08 a través de la cual se dispuso dar de baja a la accionante de la carrera que cursaba en el ISSP.

Ahora bien, dicho acto administrativo fue emitido sin que se haya instruido sumario administrativo previo en contra de la actora ni que se le haya permitido formular descargo y ofrecer prueba.

En ese sentido, el art. 29 de la Constitución Provincial establece que: “1.- Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones. 2.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías del debido proceso legal, por juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación o reconocimiento de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”."

(Voto de la Dra. Fernández: adhiere "en idéntico sentido" al voto que precede. No hubo disidencia.)

Normas que cita

  • Ley 1.886 (Jujuy)arts. 135, 123
  • Constitución (Jujuy)arts. 29, 159 inc. 13
  • Decreto 6434-G-03 (Jujuy)art. 35
  • Decreto 5897-G-14 (Jujuy)
  • Resolución 170-ISSP-08 (Jujuy)
  • Resolución 234-G-12 (Jujuy)
  • Resolución 557-G-15 (Jujuy)
  • CCA (Jujuy)arts. 25, 110
  • Convención Americana sobre Derechos Humanosart. 8

Fallos que cita

  • Baena Ricardo y otros vs. PanamáCorte Interamericana de Derechos Humanos · 02/02/2001
  • Paniagua Morales y otros vs. GuatemalaCorte Interamericana de Derechos Humanos · 08/03/1998
  • Tribunal Constitucional vs. PerúCorte Interamericana de Derechos Humanos · 31/01/2001
  • Fallos 310:1797CSJN
  • Arturo Constantino de SotoCSJN · Fallos 316:1133
  • Fallos 237:193CSJN
  • Fallos 125:10CSJN
  • Fallos 127:374CSJN
  • Fallos 129:193CSJN
  • Fallos 134:242CSJN
  • Fallos 193:408CSJN
  • Fallos 198:467CSJN
  • Fallos 198:78CSJN
  • Zamudio, Silvia Zulema c/ Achi, Yolanda y otroTribunal Superior de Justicia de Jujuy

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