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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-117.739/2018 (Tribunal del Trabajo -Sala II- Vocalía 4), ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO: CHINCHA, ROGELIO FEDERICO C ESTADO PROVINCIAL

El actor solicitó indemnización por enfermedad/accidente de trabajo por secuelas incapacitantes; el Estado provincial apeló alegando inconstitucionalidad por capitalización de intereses. La Sala Laboral del STJ rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó la solución adoptada en la sentencia apelada, por encontrar fundada la aplicación de intereses integrados al capital en virtud de la Ley 26.773 y la necesidad de una reparación adecuada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala IV-Vocalía 8 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala IV-Vocalía 8
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
LA-17929/2021
Recurso de inconstitucionalidad Indemnizacion por riesgo del trabajo Anatocismo / articulo 770 ccycn Ley 26.773 Intereses integrados al capital Liquidacion de condena Honorarios $50.040 Costas Sala laboral stj jujuy Reparacion dineraria

¿Quién es el actor?

Rogelio Federico Chincha, con patrocinio de la Dra. Silvana Lorena Ramos.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial, representado por la Dra. Sonia Mabel Farfán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por enfermedad/accidente de trabajo (secuelas incapacitantes); discusión sobre la liquidación: capital puro y aplicación de intereses, y cuestionamiento por parte del Estado de la capitalización de intereses (anatocismo) en la sentencia de grado.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la representación del Estado Provincial; se regularon honorarios a favor de la abogada del actor por $50.040, con más intereses en caso de mora y IVA si correspondiera. Costas a cargo del recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Considero que el agravio expresado por la recurrente no encuentra sustento, en tanto el a quo no aplicó la previsión del artículo 770 inciso c) del CCyCN, con anterioridad a la etapa de ejecución de sentencia, la que ni siquiera fue iniciada y en consecuencia no fue liquidada judicialmente la deuda, según se desprende de las constancias de autos, lo que justifica el rechazo de la pretensión recursiva.

Ahora bien, estimo oportuno señalar que la indemnización en el derecho laboral, en especial el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, que prevé el uso de fórmulas específicas para cada contingencia, hace que las obligaciones laborales primigeniamente de valor, al momento de su cuantificación, sean dinerarias, en tanto se establece su pago en moneda de curso legal forzoso. Sí el deudor abona las prestaciones en tiempo oportuno, no debe intereses resarcitorios o compensatorios, caso contrario debe compensarse la privación que debió soportar el demandante, por no tener a su disposición el capital correspondiente a la indemnización por incapacidad desde la fecha del accidente.

De las constancias de autos advierto que, el actor si bien recibió prestaciones en especie, la demandada no le abonó la indemnización pertinente a las secuelas incapacitantes, razón por la que de conformidad al artículo 2º, tercer párrafo, de la Ley 26.773, el derecho a la reparación dineraria debió computarse desde que acaeció el evento dañoso, por ser ésta la norma especial, aplicable al caso.

De ello deviene en legal y justo que esta suma devengue intereses, que integrados al capital puro, sean fijados como monto de condena en la sentencia, a fin de satisfacer lo normado por el artículo 1º de la Ley 26.773, que dispuso como objetivo del régimen normativo, la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias. Ahora, fijar como monto de condena un capital puro de pesos ciento noventa y nueve mil ciento diecinueve con setenta y dos centavos ($199.119,72), no cumpliría con esa finalidad, al tratarse de un monto desfasado con la realidad económica, que lo depreció por la devaluación monetaria tras el tiempo transcurrido -siete años-, desde que la indemnización fue debida.

La necesidad de una reparación justa, equitativa y progresiva, que haga efectiva la tutela judicial y mantenga incólume los principios constitucionales en juego, sustenta la razonabilidad del fallo en crisis.

Por consiguiente, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por la Dra. Sonia Mabel Farfán, en representación del Estado Provincial, con costas."

(Voto de mayoría: Dr. Meyer; adhieren Dra. Bernal y Dr. Otaola.)

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