Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº C-116.482/2018 (Tribunal del Trabajo - Sala I - Vocalía 1) Despido. “Condorí Luis Marcelino c/ Ledesma S.A.A.I
El demandado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda por despido y daños. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso por ausencia del vicio de arbitrariedad en la valoración probatoria y confirmó la fundamentación del a quo, imponiendo costas y regulando honorarios.
¿Quién es el actor?
Luis Marcelino Condorí (actor demandante).
¿A quién se demanda?
Ledesma S.A.A.I. (parte demandada; recurrió su apremio mediante Dr. Hugo Eduardo Macedo).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se reclamó indemnización por despido (indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso) y daños y perjuicios por despido discriminatorio/por motivo de salud en contexto de contratación por temporadas agrícolas; la sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la empleadora al pago de $1.676.784,72.
¿Qué se resolvió?
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada, impuso las costas a la recurrente, reguló honorarios en $114.986 para el Dr. Macedo y $164.266 para la Dra. Quintos, y ordenó notificar por cédula electrónica.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Pues bien, tal como lo reconoce la propia parte recurrente, las cuestiones que envían a la valoración de los elementos de prueba producidos en la instancia de grado sobre la plataforma fáctica, son de revisión excepcional por vía de la doctrina de la arbitrariedad (cf. sentencia de este Superior Tribunal L.A. 39, Nº 49, entre muchas otras). Criterio que no debe ser meramente declarado, sino tenido en cuenta con seriedad a la hora de verificar una supuesta arbitrariedad, como la insinuada en el caso sub examine.
Por tanto, en relación a la supuesta prescindencia de la prueba de informes, de acuerdo a los términos planteados por la propia parte recurrente (fs. 18 y vta. de estos autos), cabe decir que no se trata de haber omitido el a quo su valoración, sino de una denegación, efectuada en la audiencia de vista de causa, al no haber sido producida dicha prueba con antelación a la misma. La diferencia no es menor. La arbitrariedad ha de acontecer por la marginación valorativa de prueba relevante efectivamente producida e incorporada al proceso. Si la prueba no ha sido incorporada, el problema es otro. Subsanable, de así corresponder según el caso, mediante las vías recursivas pertinentes -diferentes al recurso de inconstitucionalidad- de conformidad al Código Procesal aplicable.
Por estas razones, la sentencia impugnada no luce el vicio de arbitrariedad, puesto que la doctrina de la arbitrariedad, consagrada explícitamente para el recurso de inconstitucionalidad en la tercera hipótesis del inciso 1 del artículo 165 de nuestra Constitución provincial, observa ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la invalidez de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica dejar sin efecto un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente con el propósito de no invadir jurisdicción extraña.
En cuanto a las costas de esta instancia, se imponen a la parte recurrente vencida, en virtud del principio general de la derrota, del cual no hay razones para apartarse de conformidad al artículo 95 del Código Procesal Laboral, en consonancia con el artículo 102 del Código Procesal Civil.
RESUELVE:
I) No Hacer Lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Hugo Eduardo Macedo, en representación de la parte demandada, conforme lo considerado.
II) Imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida.
III) Regular honorarios en la suma de pesos $ 114.986 para el Dr. Hugo Eduardo Macedo, y en la suma de pesos $ 164.266 para la Dra. Andrea Silvana Quintos, más IVA en caso de así corresponder.
IV) Notificar por cédula electrónica."
(Votos de los Dres. Meyer, Bernal y Otaola: los Dres. Bernal y Otaola adhieren al voto propiciado por el Dr. Meyer; no se registran disidencias.)
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