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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-142.192/2019 (Tribunal Contencioso Administrativo -Sala I- Vocalía 1): Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Vega Jeremías Omar c/ Estado Provincial - Policía de la Provincia d

Recurso de inconstitucionalidad contra el retiro obligatorio de un agente policial por incapacidad sobreviniente; se impugna la aplicación del art. 14 inc. d) de la ley N° 3759/81 y la falta de reubicación. La Sala III rechazó el recurso y confirmó la sentencia de grado, sosteniendo que la valoración probatoria y el encuadramiento en el art. 14 inc. d) fueron razonados y que no consta vulneración del derecho a ser oído.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala III-Vocalía 5 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala III-Vocalía 5
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CA-18891/2022
Recurso de inconstitucionalidad Retiro obligatorio Ley 3759/81 art. 14 d) Reubicacion Apreciacion de la prueba Arbitrariedad Procedimiento administrativo Costas Honorarios Policia de la provincia de jujuy.

¿Quién es el actor?

Dra. Dora Paulina Sosa en representación de Jeremías Omar Vega (actor/agente policial).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial – Policía de la Provincia de Jujuy.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna el retiro obligatorio dispuesto por Decreto N° 9366-MS-2019 (art. 14 inc. d) ley N° 3759/81), se solicita la declaración de invalidez del acto administrativo y alternativamente la reubicación laboral del agente conforme a incapacidad sobreviniente.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Sala I que había rechazado la demanda; se impusieron las costas al recurrente y se regularon honorarios ($57.846 a Fiscalía de Estado y $46.276 a la Dra. Sosa). Se registró y notificó por cédula.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Reiteradamente este Superior Tribunal de Justicia -siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha dicho que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas, situaciones que no advierto en esta causa."

"En cuanto al agravio del actor relativo a que no fue oído, comparto las consideraciones efectuadas en el dictamen fiscal en relación a que, durante el procedimiento administrativo el mismo no fue vulnerado, en tanto no existe constancia alguna de que aquél haya solicitado al empleador durante el largo período en que hizo uso de licencias por razones de salud, la posibilidad de reintegrarse a trabajar o su reubicación en las funciones laborales.

El art. 14 inc. d) de la ley 3759 establece el supuesto en que el agente alcance un máximo de dos años de licencia por enfermedad sin poder reintegrarse al servicio, de modo tal que el actor conocía cuál era la consecuencia atribuible a aquélla máxime cuando, del informe médico oftalmológico que ofreciera como prueba y se incorporara a los autos principales, surge la inexistencia de vinculación entre la patología alegada y el hecho padecido en 2014. Esa prueba, agregada al principal con noticia de partes, no fue controvertida por el actor, de modo que la conclusión del tribunal en punto a que el encuadramiento resulta acertado constituye derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias del caso."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Llamas expone el voto principal; los Dres. Nieva y Otaola adhieren. No hay disidencia.

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