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Tribunal Superior

FISCAL DE ESTADO EN J: FISCAL DE ESTADO EN J: ANDRES VALENATIN Y OTRO EN J: ANDRES V. Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL P/ ORDINARIO - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION

El planteo versa sobre la constitución de domicilio legal y la intervención del Fiscal de Estado en los juicios que comprometen intereses estatales. El tribunal sostuvo la intervención ineludible del Fiscal ante asuntos que afectan el patrimonio público y que su domicilio legal es de público y notorio conocimiento en la Casa de Gobierno.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
36077
Legitimacion Proceso administrativo Intervencion Supervision Fisco Domicilio legal Interes del estado Fiscal de estado Tutela estatal C.p.c. art. 21

¿Quién es el actor?

-

¿A quién se demanda?

-

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cuestiones procesales relativas a la constitución de domicilio legal del Fiscal de Estado y a la legitimación para intervenir en juicios que afectan intereses del Estado / Fisco.

¿Qué se resolvió?

El tribunal afirmó principios sobre la innecesidad de constitución formal de domicilio legal del Fiscal de Estado cuando éste es de público y notorio conocimiento en la Casa de Gobierno, y la legitimación del Fiscal para intervenir sin necesidad de justificar interés individual conforme al art. 41 de la ley procesal. (Resultado concreto del incidente no determinado en el extracto suministrado).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La constitución de domicilio legal por parte del Fiscal de Estado, no resulta indispensable, porque cumplida la misma o sin su cumplimiento, es cosa de conocimiento público y notorio, que tal domicilio legal se halla en la Casa de Gobierno. Adviértase la diferencia que existe con los particulares, cuyo domicilio legal puede estar constituído en cualquier lugar dentro del ámbito señalado en el art. 21 del C.P.C."

"El Fiscal de Estado no precisa justificar, como las demás partes en el proceso, 'tener interés legítimo, económico o moral, jurídicamente protegido', como exige la ley formal en su art. 41; basta que haya intereses del Estado, para que su presencia sea insoslayable, cualquiera sea el motivo o circunstancias por los que esos intereses se encuentren dentro del proceso y en la medida en que los mismos puedan o no ser afectados por el litigio."

"Hay un interés eminente de que ante una demanda que compromete el patrimonio del Estado o afecte los intereses del Fisco, la defensa no queda librada al puro arbitrio del funcionario que representa a la entidad y que eventualmente puede resultar responsable, instituyéndose por tal causa la intervención promiscua del representante de la entidad demandada y la del Fiscal de Estado, acordando a este último una supervisión o tutela inexcusables."

(No se consignan votos en disidencia en el extracto aportado.)

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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