CASTELLO C/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El actor impugnó cláusulas y efectos de un contrato administrativo por la desigualdad de posiciones y la aplicación de normas de interés público. El tribunal sostuvo que en los contratos administrativos existe una desigualdad esencial entre la administración y el particular y que la ley que regula la actividad administrativa obliga de modo inmediato y, si declara ser de orden público, su cumplimiento es inexorable.
¿Quién es el actor?
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¿A quién se demanda?
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¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de cláusulas/efectos de un contrato administrativo y/o cuestionamiento de la aplicación de la regulación legal sobre la actividad administrativa.
¿Qué se resolvió?
Se aplicaron los criterios sobre la desigualdad de las partes en los contratos administrativos y sobre la fuerza obligatoria de las normas de regulación administrativa; resolución concreta no consignada en el texto disponible.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En los contratos del Derecho Administrativo la posición de las partes se caracteriza por la desigualdad esencial con que concurren a su celebración, asistiéndole al órgano de la administración una evidente superioridad respecto de la otra parte co-contratante, que de ese modo se sitúa en un plano de subordinación. Y es que así debe ser, porque el órgano administrativo concurre en su condición de poder y como exponente y representante del interés público, mientras que el particular co-contratante sólo lo hace en su propio interés privado, siendo esa la razón de su lógica subordinación al primero."
"Cuando la ley regula una determinada actividad del área administrativa, con miras a la mejor tutela de los intereses públicos, no lo hace con un criterio de efectos simplemente supletorios, sino con fuerza de obligatoriedad inmediata e inevitable para las partes, y con mayor razón si dicha ley lleva la declaración expresa de su carácter de 'orden público'."
(No se consignan votos disidentes en el extracto aportado.)
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