MAROTTA ANGEL ANTONIO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Empleado público impugna su destitución solicitando la restitución o, subsidiariamente, indemnización. El tribunal sostiene que la cuestión constitucional puede plantearse en sede contencioso administrativa y que la restitución por destitución ilegítima (estabilidad propia) está condicionada a que la Administración o el agente no opten por la indemnización prevista en el art. 51 del Dec.‑Ley 560/73 (estabilidad impropia).
¿Quién es el actor?
Empleado público afectado por destitución (no surge la identidad de la parte).
¿A quién se demanda?
Administración pública (no surge la dependencia concreta).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la destitución; pretensión de reintegro al cargo o, en subsidio, pago de indemnización prevista por la normativa administrativa (art. 51 Dec.‑Ley 560/73).
¿Qué se resolvió?
El tribunal reconoce que las cuestiones constitucionales pueden ser planteadas y tratadas en el proceso contencioso administrativo y establece el marco para decidir entre la restitución (estabilidad propia) y la opción indemnizatoria prevista por la ley administrativa (estabilidad impropia).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La legalidad no excluye la constitucionalidad, ya que ésta es parte integrante y primaria de aquella, por lo tanto, la exclusión de las cuestiones constitucionales en el proceso contencioso administrativo no coincide con la lógica supremacía constitucional ni con la protección que debe brindarse al derecho subjetivo."
"El reintegro de quien fue ilegitímamente destituído de sus cargos (aplicación de la tesis de la estabilidad propia), está condicionado a que la administración o el propio agente público no opte por el pago de la indemnización prevista en el art. 51 del Dec. ley 560/73 (Principio de la estabilidad impropia)."
(No constan votos en disidencia ni otros párrafos transcritos en el texto aportado.)
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Normas que cita
- Ley 560/73art. 51
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