LIMONTI MIGUEL ANGEL C/ MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El administrado impugnó el control sobre la producción de pruebas en un sumario administrativo y reclamó garantía de defensa y derecho a ofrecer pruebas de descargo. El Tribunal sostuvo que el administrado tiene la facultad de controlar la producción de probanzas practicadas por la Administración, pero que las reglas de la ley 3.909 no son aplicables a sumarios internos regidos por normas especiales, las cuales pueden sujetar trámite y forma a las leyes locales de proceso penal sin constituir irregularidad.
¿Quién es el actor?
El administrado (parte sancionada o interesada en el procedimiento administrativo).
¿A quién se demanda?
La Administración (órgano que lleva adelante el sumario interno).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Control de la producción de prueba y respeto del derecho de defensa en sede administrativa, en particular la posibilidad de ofrecer y producir pruebas de descargo y el alcance de la aplicación de la ley 3.909 a sumarios internos.
¿Qué se resolvió?
Se admitió el principio general de que el administrado tiene facultad para controlar la producción de probanzas hechas por la Administración, pero se determinó que las reglas de la ley 3.909 no resultan aplicables a los sumarios internos regidos por normas especiales; esas normas pueden sujetar el trámite y la forma de los actos a las leyes locales de proceso penal sin que ello implique irregularidad. (Resultado concreto del incidente no especificado en el extracto).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Conforme a la garantía de defensa, especialmente en lo que hace al derecho de ofrecer y producir pruebas de descargo, el administrado tiene la facultad de controlar la producción de las probanzas hechas por la Administración. No obstante, debe tener en cuenta en cada caso la normativa específica aplicable."
"Así, no son aplicables las reglas de la ley 3.909 a los sumarios internos regidos por normas especiales. Estas normas pueden, incluso, dejar sujeto el trámite y la forma de los actos al tenor de las leyes locales de proceso penal, sin que ello constituya una irregularidad, ya que se respetan plenamente los principios de oficialidad, la verdad real y libre convicción en la valoración de la prueba, tan útiles en sede administrativa."
(No se consignan votos en disidencia en el fragmento provisto.)
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