SMATA EN J: SMATA C/ MARTI S.A. P/ ORDINARIO - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION
El trabajador promovió reclamo laboral contra empresas delegantes por responsabilidad y solidaridad en tareas tercerizadas y por inaplicabilidad de la ley 18.610 y el Dec. Regl. 4714/71. El Tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que la apreciación valorativa del juzgador laboral sobre la claridad del escrito de demanda y la valoración probatoria es soberana y no revisable por esta vía.
¿Quién es el actor?
trabajador (reclamo laboral por responsabilidad de empresas delegantes).
¿A quién se demanda?
empresas demandadas/empresas delegantes (parte que se dice responsable por terceros a quienes delegó tareas).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
responsabilidad y solidaridad de las empresas delegantes por la relación laboral de trabajadores tercerizados; inaplicabilidad de la ley 18.610 y del Decreto Reglamentario 4714/71.
¿Qué se resolvió?
se rechazó el recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal consideró que la calificación sobre la falta de claridad del escrito de demanda y la valoración selectiva de la prueba realizada por el juzgador laboral constituyen apreciaciones de carácter soberano que no resultan revisables por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, entendió que los errores de derecho eventualmente contenidos en la interpretación acerca de la subsidiariedad de la solidaridad no configuran vicio constitucional ni demuestran cómo ello habría afectado el resultado final. Se indicó que el agravio relativo a la inaplicabilidad de la ley 18.610 y del Decreto Reglamentario 4714/71 corresponde canalizarlo por la vía de la casación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La apreciación y calificación que hace el Tribunal Laboral sobre la falta de claridad y pulcritud en el contenido del escrito de demanda configura una valoración de carácter soberana que no puede ser revisada por la vía del recurso de inconstitucionalidad, máxime cuando la misma aparece fundada en razones que el juzgador explica claramente y en las que no se advierte la existencia de juicio viciado por razonamientos carentes de logicidad y coherencia."
"La ley formal confiere al juzgador en el ámbito de la materia laboral una amplísima facultad de apreciación, que le permite a los fines de la aplicación del derecho, hasta prescindir o estar en contra de la opinión jurídica expresada por las partes, estando además legalmente habilitado para resolver, incluso, ultra petita. (art. 77, segundo apartado C.P.L.)."
"No constituye obligación jurisdiccional de los jueces de las instancias ordinarias el análisis exhaustivo de toda la prueba incorporada al proceso, bastándoles hacerlo selectivamente respecto de aquella en que fundan la decisión."
"La presunta violación planteada al principio de congruencia de la sentencia por contener afirmaciones meramente dogmáticas y autocontradictorias, no es tal, ya que, si bien el ad quem, ha interpretado que la solidaridad creada por la ley laboral es subsidiaria, esta afirmación puede contener un error de derecho, pero él no es canalizable por el recurso de inconstitucionalidad, sin que se acredite como éste error incide en el resultado final, desde que subsidiario o no la acción se rechazó porque no se acreditó que la demandada fuera legalmente responsable por los terceros a quienes delegó tareas, a lo que debe agregarse que la no se demuestra de qué modo la prueba decisiva que se dice no haberse merituado habría podido acreditar que las empresas delegadas trabajaban en relación de dependencia o en fraude a la ley en cuanto a la presunta inaplicabilidad de la ley 18.610 y el Dec. Regl. 4714/71 se trata de un agravio canalizable por la vía casatoria." (Voto Ampliatorio Dra. Kemelmajer de Carlucci).
¿Cómo votaron los jueces?
se consignó un voto ampliatorio de la Dra. Kemelmajer de Carlucci; la decisión del Tribunal sigue la mayoría expresada en el dispositivo recogido más arriba.
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Normas que cita
- Ley 18.610
- Decreto 4714/71
- C.P.L. (Provincial (mendoza))arts. 77, segundo apartado
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