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Tribunal Superior

FISCAL C/ DOMINGUEZ JUAN DE DIOS P/ HURTO CALIFICADO - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION

El Ministerio Público solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la limitación cuantitativa del art. 506 del Código Procesal Penal y la extensión del derecho de casación al agente fiscal. La Corte declaró improcedente el recurso por falta de fundamentación y sostuvo que no existe equivalencia jurídica entre el Ministerio Fiscal y el imputado, por lo que no corresponde extenderle la facultad casatoria prevista para la defensa.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
41715
Casacion Admisibilidad Ministerio publico Falta de fundamentacion Igualdad ante la ley Recurso de inconstitucionalidad Procedimiento penal Art. 505 c.p.p. Art. 506 c.p.p. Condicion juridica

¿Quién es el actor?

Ministerio Público / Ministerio Fiscal (recurrente que impugna la limitación cuantitativa del art. 506 C.P.P. y reclama facultad casatoria).

¿A quién se demanda?

Estado/legislador provincial (norma impugnada: límites cuantitativos del art. 506 C.P.P.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de la limitación cuantitativa del art. 506 del Código Procesal Penal de Mendoza y extensión de la posibilidad de recurrir en casación al Ministerio Público (art. 505/506 C.P.P.).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad por falta de fundamentación idónea; se negó la equiparación jurídica entre Ministerio Fiscal e imputado y, en consecuencia, no correspondió extender la facultad de recurrir en casación al Ministerio Público en los términos solicitados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La sola cita de los antecedentes jurisprudenciales de esta Corte y la mera alusión de que la norma impugnada resulta 'repugnante' porque impide el empleo de remedios reconocidos por la Constitución por un simple prurito práctico, carecen de entidad para fundar un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, al no concretarse la invocación de la norma constitucional supuestamente violada y al no desarrollarse una fundamentación seria y consistente mediante la cual se indica precisamente la manera en que aquella resulta conculcada."

"No hay equivalencia de condición jurídica entre el Ministerio Fiscal y el imputado en materia recursiva, por lo que no se puede reclamar igualdad de trato a su respecto aunque ambos sean sujetos procesales. Si bien la ley debe someter a idénticas disposiciones y al mismo tratamiento a quienes se encuentran en la misma condición jurídica, el argumento no compatibiliza con la ley objetiva provincial relacionada con el Ministerio Fiscal, que coloca a ente en una posición jurídica diversa de la del imputado."

"El derecho acordado para recurrir en casación mediante la declaración de inconstitucionalidad de la limitación cuantitativa del art. 506 C.P.P., no puede extenderse a la facultad impugnaticia del Ministerio Público normada en el art. 505 del mismo cuerpo legal, porque la garantía de la igualdad ante la ley tiene por destinatarios a todos los habitantes de la Provincia, para los cuales debe ser la misma y tener una fuerza uniforme, pero no se extiende a la actuación del Ministerio Fiscal como titular de un órgano-institución."

"La declaración de inconstitucionalidad es la última ratio a la que debe acudir el juzgador. El Código Procesal Penal de Mendoza incluyó límites cuantitativos al recurso de casación por 'razones prácticas y en consideración a la pequeña importancia de los asuntos'. Aunque desde la óptica de la política legislativa, la solución puede ser inconveniente desde que favorece el valor 'practicidad' sobre el valor 'justicia', no parece ser, con relación al Ministerio Público, una limitación irrazonable en grado tal que la tornase en inconstitucional." (voto ampliatorio Dra. Kemelmajer de Carlucci)

¿Cómo votaron los jueces?

el voto ampliatorio de la Dra. Kemelmajer de Carlucci es citado expresamente, pero el acuerdo mayoritario rechazó la pretensión por las razones de fundamentación y la distinción de la posición jurídica del Ministerio Público.

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