TRIPLIFAMA SALVADOR Y OTROS C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Reclamo por los efectos de un allanamiento sobre derechos de un particular coadyuvante y por la inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria y límites del poder de policía. El tribunal sostuvo que el allanamiento del demandado no alcanza al particular coadyuvante, que los poderes de policía nacional y provincial concurren salvo repugnancia efectiva, y que la colegiación obligatoria no vulnera la Constitución por estar justificada en la solidaridad social.
¿Quién es el actor?
No surge del texto.
¿A quién se demanda?
No surge del texto.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se plantean cuestiones sobre (i) efectos del allanamiento del demandado respecto de un particular coadyuvante; (ii) alcance y límites del poder de policía nacional y provincial; (iii) acción de inconstitucionalidad contra la colegiación obligatoria de colegios profesionales y la contribución obligatoria de sus miembros.
¿Qué se resolvió?
El tribunal sostuvo que el allanamiento del demandado no produce efectos sobre los derechos del particular coadyuvante; que la concurrencia de poderes de policía nacional y provincial es posible salvo repugnancia efectiva; y que la ley que obliga a integrar un colegio profesional único y a contribuir a su mantenimiento no resulta inconstitucional.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El allanamiento del demandado no tiene efectos sobre los derechos que corresponden al particular coadyuvante."
"Si bien la multiplicidad de aspectos que puede presentar el poder de policía hacen que el de la Nación pueda estar ocasionalmente en colisión con el que se han reservado las provincias, ello no obsta a la concurrencia de ambos poderes, cuyo ejercicio puede considerarse incompatible sólo cuando media una repugnancia efectiva entre una y otra facultad, en cuyo caso la facultad provincial sólo cede ante el orden federal cuando se opone a finalidades de bienestar general determinadas en la legislación nacional."
"Una ley que obliga a los profesionales a integrar un colegio único y contribuir obligatoriamente a su mantenimiento mediante aportes razonables, no resulta violatoria de la Constitución. Ello es así porque el derecho de asociarse es válido e indiscutible en asociaciones de caracter privado, pero no es en instituciones de derecho público (no necesariamente estatales). En éstas la compulsión está justificada por el principio de solidaridad social y las exigencias del mundo contemporáneo."
(No se consignan votos ni minorías en el texto aportado.)
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