D'AMORE ROBERTO A. C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
La actora promovió acción de inconstitucionalidad contra la norma fiscal que determina la tasa de justicia. La Cámara rechazó la demanda por caducidad e improcedencia al no haberse configurado ni demostrado lesión de un derecho o interés legítimo y confirmó el rechazo de los agravios.
¿Quién es el actor?
la actora (no individualizada en el texto).
¿A quién se demanda?
norma fiscal/administración responsable de la tasa de justicia (no precisada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
inconstitucionalidad de la norma fiscal que determina la tasa de justicia.
¿Qué se resolvió?
se rechazó la acción por caducidad y, además, se declaró la improcedencia por no haberse aplicado la norma ni acreditarse lesión constitucional; se confirmó la decisión en la instancia de apelación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El plazo de caducidad para interponer la acción de inconstitucionalidad de la norma fiscal que determina la tasa de justicia, nace -en un concurso- a partir de la fecha en que queda firme la homologación, momento en el que se configura la calidad de contribuyente del accionante."
"Si la norma no ha sido aplicada, debe declararse la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, por no haberse afectado derecho o interés legítimo de la actora."
"Conforme al art. 95 del CFP, el plazo de caducidad de la acción de inconstitucionalidad de las leyes fiscales, corre a partir de la fecha en que el accionanate adquiere la calidad de contribuyente, no debiendo éste esperar para iniciar la acción, la tramitación del reclamo administrativo so pretexto de no considerarse sujeto pasivo de la obligación."
"La capacidad económica es un elemento extraño a la juridicidad del impuesto, por lo que no puede ser considerada como condición . Las únicas limitaciones procedentes son las de origen constitucional, entre las que se cuentan la de igualdad ante el impuesto y la de respeto al derecho de propiedad, denominada de no confiscación."
"Corresponde desestimar el agravio si el accionante no demuestra las lesiones constitucionales que le ocasiona el impuesto, debiendo para ello acreditar que el gravamen excede su capacidad económico-financiero."
(No constan en el texto votos en disidencia.)
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