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Tribunal Superior

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS DOBE S.C.A. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

El oferente impugnó la adjudicación y la cláusula del pliego que exigía inmovilizar el 40% de la oferta para poder recurrir. La Cámara declaró inconstitucional dicha cláusula por obstáculo desproporcionado al acceso a la justicia, confirmó la prohibición de modificar ofertas tras la apertura y rechazó la pretensión indemnizatoria por lucro cesante (pérdida de la chance).

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
58449
Lucro cesante Inconstitucionalidad Acceso a la justicia Impugnacion Perdida de la chance Licitacion publica Pliego de bases Inmodificabilidad de ofertas Clausula 40% inmovilizado Decreto acuerdo 7061/67

¿Quién es el actor?

Un oferente en procedimiento de licitación pública (proponente actor).

¿A quién se demanda?

La Administración responsable de la licitación (ente licitante/Estado provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la adjudicación y de cláusulas del pliego (en especial la exigencia de inmovilizar el 40% de la oferta para recurrir); pretensión indemnizatoria por lucro cesante/pérdida de la chance por no haberse adjudicado.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación: se declaró inconstitucional la cláusula del pliego que condicionaba la admisibilidad de la impugnación a inmovilizar el 40% de la oferta; se sostuvo que las ofertas no pueden ser modificadas tras el acto de apertura; y se rechazó la indemnización por lucro cesante o pérdida de la chance.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En la licitación pública las propuestas no pueden ser modificadas unilateralmente después del acto de apertura, pues de lo contrario desaparecería totalmente la igualdad entre todos los oferentes. Tales principios encuentran sustento normativo en la legislación provincial aplicable que consagra para las licitaciones el tratamiento igualitario de los oferentes, el cotejo de las propuestas y condiciones análogas (art.31 ley 3799), la prohibición de recibir nuevas ofertas una vez abierto el primer sobre y autorizarse mejora de precios exclusivamente previo llamado, entre las propuestas admisibles que estuvieron en pie de igualdad (arts.36 y 39 del Decreto Acuerdo Nº 7061/67)."

"La exigencia de inmovilizar un monto equivalente al 40 por ciento de sus ofertas en un trámite licitatorio con el fin de que devenga admisible la impugnación del acto de adjudicación por vía recursiva traduce un obstáculo económico grave por desproporcionado, sobre el camino del acceso a la ley, dentro del procedimiento admnistrativo, constituye un obstáculo para el acceso a la justicia y ostenta incuestionable matiz de características proporcionalmente confiscatorias; lo cual no se compatibiliza con el libre ejercicio de los derechos de peticionar a las autoridades, de defensa en juicio y de propiedad, constitucionalmente garantizados (arts.14, 17, 18 y 75 inc.22 Constitución Nacional y arts. 10 y 16 Constitución Provincial)."

"El oferente tiene derecho a que la licitación se desarrolle correctamente, pero no a ser adjudicatario. Aún anulada la adjudicación irregular, el proponente actor no puede pretender adecuadamente la hipotética ganancia que hubiera obtenido de asignársele el suministro, aunque sea el único oferente aparte del adjudicatario irregular; pues la Administración está libre de dejar sin efecto la licitación en cualquier momento antes del nacimiento del vínculo contractual (art.70 del Decreto Acuerdo Nº 7061/67)."

(No consta voto en disidencia relevante en el texto suministrado.)

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