AROCA, ALDO Y OTS. C/ MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Se cuestionó la aplicación automática del Decreto Provincial 1842/85 sobre escalafonamiento y promociones de inspectores municipales. El tribunal sostuvo que el Decreto 1842/85 unifica el régimen de promociones pero no puede tener vigencia automática en el municipio sin una norma de adhesión emanada del Honorable Concejo Deliberante, y afirmó que el escalafón municipal corresponde dictarlo por ordenanza del Concejo según la ley orgánica provincial.
¿Quién es el actor?
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¿A quién se demanda?
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¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cuestión sobre la aplicación del Decreto Provincial 1842/85 respecto del escalafonamiento y régimen de promociones de inspectores municipales, y sobre la competencia municipal para dictar escalafón y normas presupuestarias.
¿Qué se resolvió?
El tribunal consideró que el Decreto 1842/85 fue dictado por el Gobernador en ejercicio de sus funciones y tiene por finalidad unificar el régimen de promociones de inspectores escalafonados conforme al Decreto-ley 561/73, pero declaró que dicho decreto no puede aplicarse automáticamente al municipio sin una norma de adhesión emanada del Honorable Concejo Deliberante. Asimismo sostuvo que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079 atribuye al Concejo Deliberante la facultad de dictar ordenanzas en materia presupuestaria y dictar el escalafón del personal municipal, facultades que sólo pueden ser limitadas por ley y no por el Poder Ejecutivo provincial.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El Decreto 1842/85 ha sido dictado por el Señor Gobernador en ejercicio de su titularidad como Poder Ejecutivo y Jefe de la Administración Central. Tiene como finalidad unificar el régimen de promociones a todos los inspectores que se encuentran escalafonados de conformidad con el Decreto ley 561/73. No obstante, este Decreto 1842/85 no puede tener vigencia automática para el municipio, sin que exista una norma jurídica de adhesión y que emane del Honorable Concejo Deliberante."
"En ejercicio de las facultades conferidas por el art. 199 de la Constitución Provincial, la Legislatura dicta en 1934 la ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079. En dicha ley atribuye al Concejo Deliberante la facultad de dictar ordenanzas (arts. 71 y 73 incs. 1 y 8) en materia presupuestaria y a dictar el escalafón del personal municipal. Desde luego, esta facultad de tipo presupuestaria y de reglamentación estatutaria puede ser limitada por ley, pero en ningún caso por el Poder Ejecutivo de la Provincia."
(No constan votos en disidencia en el fragmento aportado.)
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