EL DESCANSO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Reclamo por la explotación y concesión de cementerios privados y las reglas aplicables al concurso de selección para su explotación. El tribunal sostuvo que la explotación constituye prestación de un servicio público sujeta a poder de policía, que el concurso debe regirse por las bases del llamado y, supletoriamente, por principios de la licitación pública, y que las ofertas condicionadas son inadmisibles.
¿Quién es el actor?
No surge expresamente del texto aportado.
¿A quién se demanda?
No surge expresamente del texto aportado (presumiblemente Municipalidad u órgano municipal responsable de cementerios).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cuestiones relativas a la explotación de cementerios privados por autorización o concesión estatal y la validez/regularidad del procedimiento de selección (concurso) aplicado por la Municipalidad para su explotación.
¿Qué se resolvió?
El tribunal reconoció que la explotación de cementerios privados constituye prestación de un servicio público sujeta a autorización o concesión estatal y al permanente ejercicio del poder de policía; precisó las reglas aplicables al concurso como procedimiento de selección administrativa, la naturaleza no impugnable de dictámenes administrativos que no producen efectos jurídicos inmediatos, la posición jurídica de los solicitantes en las distintas etapas del concurso, y declaró la inadmisibilidad de ofertas condicionadas por vulnerar el principio de igualdad entre oferentes y la ley de Contabilidad provincial.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La explotación de los cementerios privados implica la prestación de un servicio público por autorización o concesión estatal; quedando sujeta al permanente ejercicio del poder de policía."
"El concurso, como procedimiento de selección de la Administración Pública, está sujeto a determinadas reglas o criterios. Ante todo deben aplicarse las bases o condiciones del llamado, las cuales obligan tanto a la Administración como a quien acudan y también la normativa jurídica vigente. Supletoriamente rigen las reglas y principios sobre licitación pública, con la cual existen analogías. Finalmente, corresponde recurrir a otras normas y principio del derecho atinentes al punto controvetido (art. 149 de la Constitución Provincial)."
"Es una facultad propia de la Administración disponer uno o más dictámenes jurídicos y técnicos integrando así la actividad consultiva y previa en la emisión de la voluntad estatal, pero al no producir por sí solo efectos jurídicos inmediatos, ellos están excluídos de la impugnabilidad judicial. Además, en todos los casos, incluso aquellos que las reglas exigen su producción, deben descartarse los dictámenes vinculantes. Son actos de la Administración y no actos administrativos. Siempre la Administración activa responde por los actos que realiza, aunque haya mediado consulta."
"Si se aplican los principios generales de la licitación pública al concurso para cada etapa del procedimiento, la posición de los solicitantes puede ser de: a) Derecho subjetivo a la participación; b) Interés legítimo a la aceptación con inclusión de los otros participantes; c) Derecho subjetivo a la habilitación en caso de ser aceptado su proyecto y cumplidos los demás requisitos; d) Interés legítimo a la impugnación del acto de aceptación para el resto de los proponentes (ley 3.909, Art.174; ley 3.918, Art.1). Por ello, aún cuando se estableciera la etapa previa obligatoria de preaceptación, la situación jurídica de los proponentes en cuanto a la admisión definitiva de sus proyectos sigue siendo de interés legítimo y no crea derecho subjetivo alguno a que sean aceptados. Sólo la aceptación genera un derecho subjetivo en tal sentido a favor del solicitante elegido o seleccionado, quien podrá exigir su efectivización."
"No es admisible la oferta condicionada, o sea la que establezca condiciones a cargo del licitante o de terceros, a las que se sujetan las obligaciones de licitador. Las propuestas deben ser serias, firmes y concretas, sin cláusulas condicionales. Por tal virtud, el condicionamiento de la propuesta resulta suficiente para rechazar la solicitud, en tanto traduce la violación al principio de igualdad entre los proponentes que impone la ley de Contabilidad de la Provincia de Mendoza con alcance municipal (ley 3799, Arts. 1 y 31)."
¿Cómo votaron los jueces?
No se consignan votos ni disidencias en el texto proporcionado.
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Normas que cita
- Ley 3.909 (Provincia De Mendoza)art. 174
- Ley 3.918 (Provincia De Mendoza)art. 1
- Ley 3799 (Provincia De Mendoza)arts. 1, 31
- Constitución (Provincia De Mendoza)art. 149
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
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