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Tribunal Superior

TERUEL, ANTONIO Y OTS. C/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

Se demandó la procedencia de la acción procesal administrativa para cuestionar la creación de adicionales no remunerativos y su impacto sobre la movilidad previsional. El tribunal sostuvo que la vía administrativa es viable y que el Poder Ejecutivo provincial puede crear adicionales no remunerativos, siempre que no produzcan una desigualdad irrazonable o confiscatoria entre haberes de activos y pasivos.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
55423
Inconstitucionalidad Proporcionalidad Garantias constitucionales Razonabilidad Confiscatoriedad Provincia Adicionales no remunerativos Movilidad previsional Prestaciones jubilatorias Accion procesal administrativa

¿Quién es el actor?

(no surge del extracto)

¿A quién se demanda?

(no surge del extracto)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La procedencia de la acción procesal administrativa para obtener pronunciamiento sobre la validez y efectos de adicionales no remunerativos establecidos por la Provincia y su impacto sobre la movilidad/prestaciones previsionales.

¿Qué se resolvió?

Se consideró que tanto la acción de inconstitucionalidad como la acción procesal administrativa son vías aptas para pronunciarse sobre adicionales no remunerativos, diferenciándose por el procedimiento previo y los efectos del fallo; y que la Provincia puede crear beneficios sociales (adicionales no remunerativos) siempre que no generen una desproporción confiscatoria que afecte el valor del haber previsional.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Tanto la vía de la acción de inconstitucionalidad, como la de la acción procesal administrativa resultan aptas para lograr un pronunciamiento respecto a los adicionales no remunerativos. Ambas se diferencian, respecto del procedimiento previo y de los efectos sobre los cuales los fallos deben pronunciarse.

Las provincias pueden crear beneficios sociales para sus dependientes, sin afectar la proporcionalidad esencial entre los haberes de los activos y los pasivos. Cuando la desproporción supone una pérdida del valor del haber previsional, se encuentran afectadas garantías constitucionales.

El Gobierno de la Provincia se encuentra habilitado para crear adicionales no remunerativos con ciertos requisitos. Ello siempre que no provoque una desigualdad irrazonable entre los montos que perciben los agentes en actividad y la suma que perciben los que gozan de los beneficios jubilatorios. Tal irrazonabilidad se patentiza a través del concepto de confiscatoriedad en la reducción, que debe analizarse a la luz del regimen jubilatorio aplicable, al agente si el trabajo ha sido constante y permanente, la edad requerida para el beneficio, el tipo de aportes realizados para acceder a él, la actividad cumplida y la cantidad de aportes.

(Votos en disidencia: no surge en el extracto proporcionado)

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