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Cámara de Apelaciones

RECURSO DE APELACION EN C-228821/2023 ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO: MACHICADO, JOAQUIN ENRIQUE C/ EXPERTA ART S.A

El actor reclamó prestaciones dinerarias por lumbociatalgia de origen traumático derivada de accidente de trabajo. La Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó el recurso de la aseguradora y confirmó la liquidación aplicada por la jueza de grado, imponiendo costas al recurrente y regulando honorarios por $1.425.147 y $997.602.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Cámara de Apelaciones del Trabajo - Sala I - Vocalía 1 (JUJUY)
Fuero
Cámara de Apelaciones del Trabajo - Sala I - Vocalía 1
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
19573/2024
Recurso de apelacion Riesgos del trabajo Lumbociatalgia Decreto 669/19 Liquidacion indemnizatoria Indice ripte Costas Honorarios ($1.425.147 $997.602) Confirmacion de sentencia Sala i camara de apelaciones del trabajo Jujuy

¿Quién es el actor?

MACHICADO, JOAQUIN ENRIQUE (actor).

¿A quién se demanda?

EXPERTA ART S.A. (aseguradora de riesgos del trabajo), representada por el Dr. Diego Adrián Martinich Cruells.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de prestaciones dinerarias previstas en la Ley 24.557 por lesiones en la columna vertebral/ lumbociatalgia de origen traumático por accidente de trabajo; impugnación de la liquidación indemnizatoria y del procedimiento de cálculo (cuestionamiento del Decreto 669/19).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, se impusieron las costas al recurrente y se regularon honorarios profesionales en las sumas de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE ($ 1.425.147,00) y PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS ($ 997.602,00) respectivamente, con más IVA si correspondiere. La Sala confirmó la liquidación practicada por la jueza de grado y descartó la inconstitucionalidad invocada respecto del Decreto 669/19.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Previo a entrar en la consideración de los agravios corresponde aclarar que no voy a realizar análisis alguno referido al reclamo del trabajador sobre el fondo del asunto habiendo quedado firme el decisorio que determina la responsabilidad de la aseguradora. Por ello no corresponde que me ocupe de los supuestos agravios que sustenta el recurso sobre las patologías, relación de causalidad, porcentaje de incapacidad que son todas cuestiones que fueron objeto de tratamiento y resolución por la jueza de grado en la sentencia de fecha 05 de julio del 2024, habiendo quedado firme el fallo en cuestión."

"Que en cuanto al agravio que sustenta el recurso referido a la liquidación que sirve de base al monto de condena, es un tema que ya fue objeto de tratamiento y decisión por parte de este cuerpo siguiendo la doctrina vigente en el fuero, advirtiendo que la liquidación que se cuestiona refleja en un todo el criterio adoptado por la mayoría de los jueces del Tribunal del Trabajo. No obstante, el extenso escrito en el que expone los fundamentos que llevan a cuestionar la decisión de la jueza de grado, y haciendo un esfuerzo interpretativo arribo a la conclusión que el recurso manifiesta una mera disconformidad con la resolución en crisis sin que ello alcance para revocarla o modificarla. El pedido de inconstitucionalidad que realiza en modo alguno fundamenta las razones de hecho y derecho por las que debe decidirse tal solicitud; no se dice cuál es la garantía constitucional que viola la vigencia del decreto 669/19 y sabemos que nuestra CSJN reiteradamente ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio a la que debe acudirse en resguardo de las garantías consagradas en nuestra carta magna."

"Sin perjuicio de ello corresponde agregar que de la planilla de liquidación agregada como archivo adjunto al trámite de la sentencia definitiva de fecha 30 de julio del 2024, surge que para efectuar el cálculo, se tomaron los ingresos mensuales devengados durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, los cuales a fin de establecer el promedio, se actualizaron mes a mes aplicándose el índice RIPTE hasta dicha fecha (mayo de 2023) de acuerdo a lo previsto por el art. 12.1 de la Ley 24.557 y sus modificaciones; sobre ese promedio se calculó el ingreso base mensual a la fecha de la primera manifestación invalidante y desde esta, hasta la puesta a disposición de la indemnización, se aplicó el último índice RIPTE, publicado sobre el de la fecha de la primera manifestación invalidante (art. 12.2 de la Ley 24.557 y sus modificaciones) y a ello se agrega la tasa diaria para comprender el período del último RIPTE publicado hasta la fecha del cálculo de acuerdo a las previsiones del art. 3 de la Resolución Nº 332/23 y su anexo -Índices no decrecientes de la cuarta columna- a fin de contemplar el retardo aproximado de tres meses de la publicación del mismo."

"En cuanto al agravio referido a la imposición de costas voy a propiciar se desestime el mismo, en primer lugar, porque de la lectura del objeto de demanda surge el actor reclamó el pago de las prestaciones dineraria previstas en el sistema de riesgos del trabajo por lesiones en la columna vertebral por accidente de trabajo, lo que es coincidente con lo dictaminado por el perito médico designado en la causa -Lumbociatalgia de origen traumático-. No obstante ello, el criterio en la materia vigente en el fuero laboral dice que: 'En materia laboral, las normas procesales sobre costas deben interpretarse conforme a los principios esenciales del derecho del trabajo y en especial el protectorio del trabajador (artículo 103 del Código Procesal del Trabajo)', de modo que '...si la actora se vio en la obligación de litigar para que se le reconozcan sus derechos, aunque la condena no alcance totalmente la suma pretendida, la que- por otro lado- en modo alguno vincula al juez para fijar el monto de la condena (art. 94 CPT), no por ello pierde el demandado el carácter de vencido y por lo tanto queda obligado a cargar con las costas, pues debe soportar las erogaciones que debió realizar su contraria para el reconocimiento de sus derechos, debiéndose, en consecuencia, tomar como base económica para la regulación de honorarios profesionales el monto por el que procede la acción' (L.A. Nº 45, Fº 336/339, Nº 148; L.A. 51, Fº 574/575, Nº 212; L.A. Nº 49 Fº 517/520 Nº 172)."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia se dictó por unanimidad de la Sala I integrada por los Dres. Ricardo Rubén Chazarreta (voto que expone fundamentos extensos) y Eladio Guesalaga (adherente), siendo el acuerdo de la Sala el que resolvió rechazar el recurso conforme el bloque dispositivo final.

Normas que cita

  • Ley 24.557art. 12 · Ley de riesgos del trabajo
  • Decreto 669/19
  • Resolución 332/23art. 3
  • Resolución 1039/19
  • Ley 6368 (Jujuy)arts. 1, 16, 17, 29, 54

Fallos que cita

  • Zamudio, Silvia Zulema c/ Achi, Yolanda y otrosSCJJ

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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