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Tribunal Superior

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. - EDEMSA C/ PROVINCA DE MENDOZA P/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) promovió acción de inconstitucionalidad contra la resolución EPRE N° 290/00, la resolución MAOP N° 1567/00 y el decreto N° 2677/00 por diferir parcialmente aumentos tarifarios. La Sala Primera rechazó la acción: sostuvo la potestad tarifaria del poder concedente, la transitoriedad del diferimiento (tres meses), la existencia de compensación mediante intereses y la ratificación por decreto, con lo que no advierte lesión constitucional.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
70589
Derecho de propiedad Servicio publico Tarifas Competencia administrativa Accion de inconstitucionalidad Epre F | caratula | tribunal | fecha | expediente | fallos | relacion | | cita --fin-citas--- Diferimiento tarifario Equilibrio economico?financiero Maop Decreto ratificador F | fernandez Raul c/ estado nacional | csjn | 1999-12-07 | F | ventafridda Victor c/ cia. union telefonica (fallos 184-306) | csjn | F | maruba sca c/ secretaria de la marina mercante | csjn | 1998-06-30 | F | metrogas c/ resolucion enargas 374/96 | camara nacional federal cont. adm. Sala ii | 2000-07-11 |

¿Quién es el actor?

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA).

¿A quién se demanda?

Provincia de Mendoza (Ministerio de Ambiente y Obras Públicas - MAOP; Ente Provincial Regulador Eléctrico - EPRE; Poder Ejecutivo provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 a 6 de la resolución EPRE N° 290/00 (20-11-2000), de la resolución MAOP N° 1567/00 (20-11-2000) y del decreto provincial N° 2677/00 (05-12-2000), por haber establecido un mecanismo de diferimiento del 50% de aumentos tarifarios (periodo noviembre 2000-enero 2001) que, según la actora, excede competencias, viola el marco regulatorio, afecta la ecuación económico‑financiera del contrato de concesión y vulnera el derecho de propiedad.

¿Qué se resolvió?

Rechazo de la acción de inconstitucionalidad; imposición de costas a la actora y regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los 2-3 párrafos más relevantes de la sentencia (texto original del tribunal):

"La aplicación de las reglas mencionadas lleva, ineludiblemente, al rechazo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la concesionaria. En efecto:

1. El núcleo central sobre el que se asienta la demanda es la invocación de un derecho subjetivo a la no modificación de la tarifa, derecho negado por la Corte Federal en los precedentes citados.

Es esta caso, la negativa de este derecho no se muestra flagrantemente inconstitucional desde que el diferimiento dispuesto unilateralmente: (A) cubre un período breve (tres meses); (B) beneficia a los usuarios del servicio público; (C) recibe compensación a través de intereses; (D) prevé que en el futuro se utilicen mecanismos compensatorios.

Coincido con Gordillo que la total irrevisibilidad judicial de la actividad administrativa no puede verificarse en un Estado de Derecho puesto que nunca puede estar fuera del orden jurídico, jamás puede ser irrazonable, ni arbitraria, ni ejecutada con desviación de poder, es decir, con una invalidad impropia (Tratado de derecho administrativo, 5° ed., t. I, pág. X-29; conf. Romero Villanueva, Horacio, Nociones sobre el servicio público y sus principio tarifarios, J.A. 1999-II-830). Pero en el caso, como he dicho, ese diferimiento, precisamente por su escasa extensión temporal, no se muestra irrazonable, ni arbitrario, ni ejecutado con desviación de poder, etc. No existe pues, la mentada desposesión que violaría, eventualmente, un convenio celebrado con un país extranjero."

"2. Los argumentos restantes son insuficientes para destruir este punto de partida. En el mejor de los supuestos para la actora, aunque eventualmente se admitiese que el EPRE no tenía competencia para dictar el acto ni el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas para remitirle una orden de este tipo, el diferimiento de la tarifa fue ratificado por decreto del gobernador de la provincia, sujeto que preside el poder administrador."

¿Cómo votaron los jueces?

la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci expuso extensamente los fundamentos y el Dr. Fernando Romano adhirió a ese voto. El Dr. Carlos E. Moyano no suscribió por hallarse en uso de licencia.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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