PODER EJECUTIVO EN J° 96.219/28.331 TAM S.A. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS P/ ACCIÓN DE AMPARO
TAM S.A. promovió acción de amparo contra la adjudicación de la obra de ampliación y refuncionalización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, solicitando la nulidad de la resolución n.º 1134/2003. La Suprema Corte de Mendoza sobreseyó los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos por el Poder Ejecutivo por pérdida de interés jurídico (la obra quedó ejecutada) e impuso las costas en el orden causado.
¿Quién es el actor?
En el amparo originario, TAM S.A. (oferente en la licitación).
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza - Ministerio de Ambiente y Obras Públicas.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la resolución n.º 1134 del 20/8/2003 que adjudicó la obra "Ampliación, remodelación y refuncionalización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos" a OHA Construcciones S.R.L.
¿Qué se resolvió?
La Sala Primera de la Suprema Corte de Mendoza sobreseyó los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por el Poder Ejecutivo contra la sentencia de la Tercera Cámara de Apelaciones que había hecho lugar al amparo y declarado la nulidad de la adjudicación; impuso las costas en el orden causado y reguló honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La obra cuyo acto de adjudicación se declaró nulo por vía del amparo ha sido construida por quien ganó la licitación y se encuentra totalmente concluida al momento de dictar sentencia.
Siendo así, está claro que la materia de la pretensión deducida a través del amparo (declaración de nulidad del acto administrativo) ha sido sustraída, pues esa nulidad no podrá tener el efecto normal de esa nulidad: el actor no podrá competir nuevamente por una obra que ya ha sido construida y, en este sentido, el interés planteado a través de la vía del amparo no podrá ser satisfecho, aun cuando fuese correcta la decisión emanada de la Cámara de Apelaciones que declara la nulidad.
El interés del actor, como él lo reconoce, ha quedado reducido a los posibles daños y perjuicios derivados de la conducta administrativa. Sin embargo, ese interés resulta insuficiente para justificar el pronunciamiento de esta Corte desde que:
a) La jurisdicción de la Corte se abrió en un proceso de amparo, vía rápida, de objeto limitado (en el caso, la declaración de que el acto administrativo no reunía los requisitos de legalidad previstos en la normativa)
b) En el eventual juicio por daños y perjuicios contra el Estado provincial, la antijuridicidad de la conducta administrativa es sólo uno de los presupuestos, a los que debe agregarse el factor de atribución, la causalidad y el daño.
c) La antijuridicidad de la conducta podrá ser valuada por el juez con la prueba instrumental obrante en autos, y ese nuevo tribunal podrá o no compartir las apreciaciones fáctico-jurídicas expresadas por la sentencia recurrida."
¿Cómo votaron los jueces?
La resolución fue adoptada por la mayoría integrada por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci y el Dr. Alejandro Pérez Hualde (adhirió éste último); el Dr. Fernando Romano no suscribió por licencia. No hubo disidencias registradas en el texto.
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