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Tribunal Superior

PECOM ENERGIA S.A. PETROBRAS ENERGIA S.A. C/ CONSEJO PROFESIONAL DE ING. Y GEOLOGOS DE MZA. P/ A.P.A.

La empresa Pecom Energía S.A. (hoy Petrobras Energía S.A.) promovió acción procesal administrativa contra el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza solicitando la nulidad de las resoluciones 250/01 y 28/02 y del decreto confirmatorio 1033/03 por exigir inscripción, representante técnico y aplicar multa. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la acción, entendiendo que las obligaciones e informes técnicos previstos por normativa nacional y provincial hacen necesaria la intervención de profesionales habilitados y, por tanto, la competencia del Consejo Profesional.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
77655
Representante tecnico Costas. Inscripcion profesional Informe ambiental Accion procesal administrativa Explotacion de hidrocarburos Decreto-ley 3485/63 Decreto 437/93 Resolucion 105/1992 Competencia del consejo profesional

¿Quién es el actor?

PECOM ENERGIA S.A., hoy PETROBRAS ENERGIA S.A.

¿A quién se demanda?

Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó declarar nulas las Resoluciones Nº 250/01 y Nº 28/02 dictadas por el Consejo Profesional y el Decreto Nº 1033/03 del Poder Ejecutivo que las confirmó, por imponer la obligación de inscripción en el registro del Consejo, la designación de un representante técnico y aplicar una multa.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la acción procesal administrativa interpuesta por la actora; se impusieron las costas a la parte actora; se regularon honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos y citas textuales más relevantes (texto original):

"De tal modo, aun en período de explotación y operación del yacimiento, no sólo de su perforación –como lo pretende la actora- la empresa petrolera está sujeta a obligaciones que le imponen informar con nivel técnico acerca de su tarea y del estado de las instalaciones que ella explota. En ese marco, está obligada a la elaboración de un Informe de Partida (art. 10° del Dec.) de acuerdo al cual, luego, la Autoridad de Aplicación le exigirá el ajuste a las previsiones de la Res. 105/1992 de la Secretaría de Energía de la Nación, que aprobó las “normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos” y que la integran como Anexo 1."

"Es contundente el art. 5° del Dec. 437/93 que impone precisamente: “las empresas dedicadas a la exploración y explotación petrolera, a fin de elaborar el Estudio Ambiental Previo deberán recurrir a profesionales idóneos debidamente habilitados en cada una de las materias que conforman su contenido” (el subrayado nos pertenece)."

"De esa normativa nacional surgen otras actividades y controles durante la etapa de explotación que hacen presumir obligadamente la presencia de personal de ingenieros en su cumplimiento... Todos esos informes técnicos constituyen un ejercicio preciso de la profesión según los términos del art. 2° del Dec. 3485/63, en especial según la descripción de su inciso c)... Es forzoso concluir en que la actora desarrolla 'actividades relacionadas con el ejercicio de las profesiones comprendidas en el presente Decreto-Ley' (art. 8° del Dec. 3485/63 modif. por Ley 6963); por lo tanto, está incluida en la obligación allí establecida: 'deberán inscribirse en el Registro que a tal efecto llevará el Consejo Profesional, acreditando tener un representante técnico con título habilitante con carácter permanente debidamente inscripto en el registro oficial del Consejo Profesional o Colegio correspondiente a su profesión'."

Observación sobre la fundamentación procesal: Si bien se consideró que las resoluciones administrativas adolecieron de insuficiencia argumental en el rechazo de recursos internos, ello no bastó para anularlas porque la normativa nacional y provincial obliga a la actora a contar con informes y profesionales idóneos; la carga probatoria reclamada por la actora (contrato de concesión o informes técnicos) fue valorada por el Tribunal como elemento que la actora debía acompañar para acreditar su tesis.

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Alejandro Pérez Hualde expone los fundamentos y propone el rechazo; los Dres. Aída Kemelmajer de Carlucci y Fernando Romano adhieren plenamente al voto que antecede.

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