ESPINASE, RICARDO EN J° 144.117 DAGFAL, VÍCTOR EN J° 142.921 SUTE Y OTS. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACC. DE AMPARO EJEC. DE SENTENCIA S/ INC. CAS.
Los abogados demandaron la regulación de honorarios por trabajos en ejecución de sentencia de acciones de amparo contra el Gobierno de Mendoza. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la casación y confirmó la doctrina aplicada por los tribunales de grado: los honorarios en amparo y en sus incidentes se regulan conforme al art. 10 de la ley arancelaria local, atendiendo además las pautas allí previstas.
¿Quién es el actor?
Dres. Ricardo Roberto Espinasse, José Atilio Lucero y Ángel Horacio Frías (abogados, en representación del S.U.T.E. y asociados).
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (Poder Ejecutivo / Fiscalía de Estado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la regulación judicial de honorarios (en particular la aplicación del art. 10 de la ley arancelaria como "juicio sin monto") por los trabajos realizados en la ejecución de sentencia de una acción de amparo y en el incidente de levantamiento de embargo por $950.000; se solicitó casación por errónea interpretación de la ley arancelaria (arts. 2, 14, 18 vs. art. 10).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por los abogados; se impusieron las costas a la parte recurrente y se reguló honorarios por el recurso de casación en $523 en conjunto para los apoderados.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):
"Como he dicho, en el juicio de amparo los jueces siguieron el criterio jurisprudencial predominante y fijaron los honorarios según las pautas del art. 10.
Los recurrentes no discuten esa pauta para el juicio de amparo hasta la sentencia. Por el contrario, esos honorarios se encuentran consentidos y firmes.
En este recurso se agravian de los honorarios regulados en el incidente de levantamiento de embargo existente en la ejecución de sentencia; sostienen que el juicio de amparo (declaración de inconstitucionalidad de las reducciones en las remuneraciones) pudo ser juicio sin monto, pero no lo es la ejecución de la sentencia ni el incidente de levantamiento del embargo trabado por una suma determinada."
"Si mis distinguidos colegas de sala comparten mi criterio, el recurso debe ser rechazado. Explicaré por qué:
1. Como he dicho, los recurrentes consintieron la discutida regla jurisprudencial generalmente aceptada según la cual el juicio de amparo es un juicio sin monto.
... 2. Siendo así, no parece normativamente incorrecto regular los honorarios, en un incidente por levantamiento de embargo existente en la ejecución, según el mismo criterio que se tuvo al sentenciar.
... 6. Finalmente, y a mayor abundamiento, tengo en consideración que la gestión profesional también se encuentra compensada a través de pactos de cuota litis suscripto entre actores y profesionales, en un proceso que, como he indicado, acumula las pretensiones de centenares de empleados públicos.
Así voto."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Aída Kemelmajer de Carlucci, Fernando Romano y Alejandro Pérez Hualde adhieren; resolución por mayoría (unánime en los términos del acuerdo).
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