FUENTES, JORGE M. Y OT. C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ A.P.A.
Los actores promovieron acción procesal administrativa contra el Poder Ejecutivo provincial solicitando nulidad del Decreto 2273/01 y de la Resolución 959/01 por no autorizar la elaboración de fórmulas magistrales en la farmacia “Amarilla”. La Sala Primera rechazó la acción y confirmó la legitimidad y razonabilidad de las exigencias técnicas y de zonificación impuestas por la autoridad sanitaria, atendiendo al control de policía sanitaria.
¿Quién es el actor?
Jorge Melchor Fuentes y María Cecilia González de Fuentes.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ministerio de Desarrollo Social y Salud y Gobernador).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad del Decreto 2273/2001 y de la Resolución 959/01 que no autorizaron a los actores a preparar fórmulas magistrales en la farmacia “Amarilla” (calle Colón 1110, Distrito San José, Guaymallén), y alegan vicios procedimentales y vulneración de derechos constitucionales (arts. 14 y 19 CN; arts. 33 y 34 Const. Prov.).
¿Qué se resolvió?
Rechazar la acción procesal administrativa; imponer costas a los actores; regular honorarios y costas según lo dispuesto.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Legislatura de la provincia ha colocado las normas sobre construcción y emplazamiento de los locales donde se expenderán y fabricarán medicamentos bajo el control de policía de la autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo y le ha precisado las normas conforme a las cuáles debe llevar a cabo su actividad. La interpretación y aplicación que hace de ellas dicha autoridad están sujetas al control judicial en lo que respecta a su encuadramiento legal, al cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos, y –en lo relacionado con los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia- sólo son susceptibles del control en tanto y en cuanto constituyan una desviación de poder o traspase los límites de la racionalidad..."
"Tratándose de la fabricación de medicamentos, no sólo la salud de los destinatarios consumidores, sino también de quienes los operen eventualmente, exigen el máximo del rigor posible en el terreno de la policía de salubridad y seguridad. No corresponde a este Tribunal interferir en los criterios aplicados por la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo por cuanto no aparecen en modo alguno como irrazonables o inapropiados para el fin perseguido ni notoriamente excesivo respecto del bien protegido."
Además, el tribunal sostuvo que la carga probatoria sobre la acreditación del carácter ignífugo del techo correspondía a la parte actora: "La carga de probar acabadamente el cumplimiento, por vía no tradicional y excepcional, de que esa madera había sido transformada en ignífuga, correspondía a la parte actora."
¿Cómo votaron los jueces?
unanimidad de la Sala (Dr. Alejandro Pérez Hualde, Dr. Fernando Romano y Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci) adhiriendo al voto que propone el rechazo de la acción y la imposición de costas.
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