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Tribunal Superior

CARMONA, GABRIELA TRÁNSITO EN J° 168.325/30.555 CARMONA, GABRIELA C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS P/ AMPARO S/ INC. CAS.

La actora promovió acción de amparo contra la Dirección General de Escuelas por la falta de ejecución de su reescalafonamiento y pago de diferencias salariales. La Sala Primera hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó la sentencia de la Cámara y confirmó la sentencia de primera instancia, por considerar que operar la caducidad por vías formales constituía un exceso de rigor ritual, y ajustó la retroactividad al diciembre de 1999.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
89051
Costas Honorarios Caducidad Amparo Silencio administrativo Reescalafonamiento Ejecucion administrativa Direccion general de escuelas Exceso de rigor ritual Retroactividad (diciembre de 1999)

¿Quién es el actor?

Gabriela Tránsito Carmona (representada por Dra. María Beatriz Gamero).

¿A quién se demanda?

Dirección General de Escuelas (D.G.E.), Provincia de Mendoza.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución efectiva del reescalafonamiento ordenado por resolución n.º 253/24-11-1999 (ubicación en clase 06) y pago de las diferencias salariales devengadas desde la fecha pertinente.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad; se revocó la sentencia de la Tercera Cámara de Apelaciones (fs. 108/111), se confirmó la sentencia de primera instancia (fs. 68/74 vta.) con la modificación del dispositivo I para que la expresión “agosto de 1992” sea sustituida por “diciembre de 1999”; se sobreseyó el recurso de casación; se impusieron costas y se regularon honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En estas condiciones, imputar al administrado demora en acudir a la justicia y oponerle la caducidad de los plazos legales merece una sola calificación jurídica: exceso de rigor ritual.

En efecto, nadie puede negar carácter manifiesto al exceso de rito, especialmente, porque para llegar a la solución se aduce el silencio administrativo y, por esta vía, se produce como consecuencia que tal silencio se constituya en un quasi derecho de la administración, en contra de lo sostenido reiteradamente por esta Sala.

Tampoco puede imputarse culpa a la administrada, pues como bien ella lo señala en su queja, después de haber enviado un telegrama colacionado a uno de los tantos burócratas, la administración no se mantuvo en silencio; por el contrario, respondió; sólo que sus respuestas siempre fueron ineficientes para hacer efectivo un derecho que ya le había reconocido.

En estas condiciones, el acto administrativo emitido un día antes de la interposición de la acción de amparo, no notificado ni ejecutado, no puede impedir el pronunciamiento judicial pues la queja de la amparista no está vinculada al reconocimiento de su derecho (que ya tiene en su haber desde hace muchos años) sino a la falta de ejecución.

En definitiva, corresponde acoger el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia recurrida."

¿Cómo votaron los jueces?

Mayoría integrada por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci (voto principal) y el Dr. Fernando Romano (adhieren). El Dr. Alejandro Pérez Hualde no suscribió por hallarse en uso de licencia.

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