INTEGRA CONSULTORA Y SERVICIOS S.A. EN J° 31.017/113.732 ANDREU EDUARDO C/ INTEGRA CONSULTORA Y SERVICIOS S.A. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INC.
El demandado interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la decisión de la Cámara que ordenó el desglose del escrito por insuficiencia en la tasa de justicia. La Suprema Corte de Mendoza rechazó el reclamo, confirmando la aplicación de la jurisprudencia provincial que interpreta el art. 302 del Código Fiscal y consideró que no concurren las excepciones que configuran una trampa procesal.
¿Quién es el actor?
Integra Consultora y Servicios SA (recurrente representado por Eduardo M. Vila).
¿A quién se demanda?
No aplica (recurso contra resolución de la Cuarta Cámara Civil).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna por inconstitucional y arbitrario el decreto de la Cámara que hizo lugar al pedido de desglose del escrito de apelación por pago tardío/insuficiente de la tasa de justicia (art. 302 Cód. Fiscal). Se solicita la nulidad de la decisión por violación del derecho de defensa y exceso de rigor ritual, entre otros agravios.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Imponer costas al recurrente. Regular honorarios y disponer destino de suma depositada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"IV. LA APLICACIÓN DE ESTA JURISPRUDENCIA AL CASO A RESOLVER.-
El recurrente no discute la jurisprudencia de esta Sala según la cual el art. 302 del Código Fiscal es constitucional y el plazo, como regla, se computa de modo automá-tico. Más aún, reclama la aplicación de uno de los precedentes antes reseñados, que es precisamente el que cita la sentencia que ataca.
No encuentro razones para apartarme de los precedentes antes reseñados. Los endebles y a veces contradictorios agravios del recurrente son insuficientes para un cambio jurisprudencial o para aplicar alguna de las excepciones señaladas en esos ante-cedentes.-
Explicaré por qué:
1. No ha habido trampa procesal. El decreto de fs. 503 (cuya inexistencia hoy reclama), fue dictado el 19/9/2007; el plazo para completar la tasa vencía más de un mes corrido después, o sea el 22/10. El argumento del recurrente, pues, queda en su mera formulación.
2. No existe exceso de rigor ritual. Al igual que en el último precedente de esta Sala, el desglose se dispuso después del pago tardío, pero el recurrente no ha dado nin-guna explicación en torno a las razones que lo llevaron a un error de cálculo tan mani-fiesto (pagó $ 80 siendo que la tasa superaba los $ 3000), ni invoca dificultades de inter-pretación de los textos.
3. El tribunal no contradice sus propios precedentes; por el contrario, explica por qué, en estos casos, no cabe dar traslado a la Dirección General de Rentas: ni el recu-rente ha solicitado eximición, ni existen dudas sobre cuál es la tasa que debe pagarse. Nada dice el quejoso sobre este argumento.
4. Al igual que en los casos antes resueltos por esta Sala, el recurrente no invoca estado de pobreza, ni que el monto a depositar sea confiscatorio, ni tan alto que le impi-da el acceso a la segunda instancia, ni desproporcionado a los valores económicos en juego.-"
"V. CONCLUSIONES:
Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis colegas de sala, corres-ponde rechazar el recurso deducido.
Así voto.-"
Y del fallo dispositivo final:
"R E S U E L V E :
I. Rechazar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 27/34 de autos.-
II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida.-
III. Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dres.: Rodrigo MARTINEZ, en la suma de pesos OCHENTA Y OCHO ($ 88); Constantino C. J. PI-MENIDES, en la suma de pesos VEINTISEIS ($ 26); Alberto ORTUBIA, en la suma de pesos SESENTA Y UNO ($ 61); Eduardo Marcelo VILA, en la suma de pesos DIE-CIOCHO ($ 18) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641).-
IV. Dar a la suma de pesos CIENTO SETENTA ($ 170), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 11, el destino previsto por el artículo 47 inc. IV del C.P.C.
Notifíquese. Ofíciese."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci votó fundadamente por el rechazo; los Dres. Romano y Pérez Hualde adhirieron. La decisión fue adoptada por unanimidad.
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