D.G. IRRIGACIÓN EN J° 30.815/33.984 CORAZZA JOSÉ M., Y MARIANA CASTRO C/ DIRECCIÓN GENERAL DE IRRIGACIÓN P/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INC. CAS.
Los actores demandaron al Departamento General de Irrigación por daños y perjuicios derivados de la inundación y pérdida de su vivienda por supuesta falta de mantenimiento del desagüe Cauce Chañar. La Sala Primera rechazó el recurso de casación promovido por el DGI y confirmó la línea argumental de las instancias de grado: hubo omisión en el control que habilitó la responsabilidad del organismo conforme a la doctrina de guarda compartida.
¿Quién es el actor?
José Marcelo Corazza y Mariana Alejandra Castro de Corazza.
¿A quién se demanda?
Departamento General de Irrigación (DGI).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por la pérdida de la vivienda y muebles e indemnización por daño moral ($104.000 reclamados) a causa de inundaciones ocurridas los días 6/7 y 11 de marzo de 2000 por desborde del desagüe Cauce Chañar atribuible a falta de mantenimiento.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de casación interpuesto por el DGI contra la resolución de la Cámara y, en consecuencia, quedó firme la condena de primera instancia que había hecho lugar parcialmente a la demanda (condena al DGI al pago de $48.000 más intereses según sentencia de primera instancia). Se impusieron costas a la parte recurrente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En definitiva, la causa del daño ha sido el escaso o nulo mantenimiento del desagüe que impidió el normal escurrimiento de las aguas que lógicamente pueden ser conducidas por esos cauces, más allá que pueda exigirse otras obras especialmente destinadas a recibir las provenientes de las lluvias de verano o evitar ese tipo de anegamientos."
"El dictado de la Ley 6405 no impide llegar a la misma conclusión. El art. 187 de la Constitución disponía y dispone que en ningún caso, las leyes de irrigación privarán a los interesados de los canales, hijuelas y desagües de la facultad de elegir sus autoridades y administrar sus respectivas rentas, pero concluye enfáticamente que ello es sin perjuicio del control de las autoridades superiores de irrigación... En definitiva, el poder de control, vigilancia o supervisión que resulta de la Constitución y la ley sobre el que la jurisprudencia fundó el deber de responder de este órgano extrapoder se mantiene inalterable,"
"Se trata de cuestiones fácticas, no canalizables por la vía deducida, conforme las reglas que rigen los recursos extraordinarios, antes referenciadas. Por eso, lo decidido no significa que esta Sala comparta todas las afirmaciones de los tribunales de grado referidas a la valoración de la prueba sino que su jurisdicción extraordinaria no está abierta para revisar este aspecto de la cuestión."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Alejandro Pérez Hualde y Fernando Romano adhirieron al voto mayoritario (el voto del Dr. Fernando Romano no fue firmado por licencia según constancia).
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