COLEGIO DE MARTILLEROS PÚBLICOS Y CORREDORES DE COMERCIO (2° CIRC. JUDICIAL) C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ AC. INC.
El Colegio de Martilleros y una martillera promovieron acción de inconstitucionalidad contra la Acordada 19.863 que reglamenta el procedimiento de subasta en sobre cerrado. La Sala Primera desestimó la acción por falta de interés legítimo concreto y actual, sosteniendo que el agravio es hipotético y que no se acreditó afectación de derechos fundamentales.
¿Quién es el actor?
Delegación de la Segunda Circunscripción del Colegio de Martilleros Públicos y Corredores de Comercio de la Provincia de Mendoza y la Sra. María Graciela Núñez (por derecho propio).
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (con intervención de Fiscalía de Estado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Acordada N° 19.863 (Sala Tercera, 08.11.2006) que reglamenta el procedimiento de subasta en sobre cerrado, por entender que reforma el Código de Procedimiento Civil vía reglamentaria, vulnera la división de poderes, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo y el principio de razonabilidad.
¿Qué se resolvió?
Se desestimó la acción de inconstitucionalidad por no acreditarse interés legítimo, concreto y actual del actor; se impusieron las costas a la parte actora y se regularon honorarios por $5.000 en total.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El artículo 41 del C.P.C. dice: 'Para ejercer una acción como actor, demandado o tercerista, deduciéndola o contestándola, es necesario tener interés legítimo, económico o moral, jurídicamente protegido'."
"Por su parte, el artículo 223, en cuanto regula la acción de inconstitucionalidad que pueden deducir los particulares, reza: 'II. La acción de inconstitucionalidad que pueden deducir los particulares conforme al inciso 1° del artículo 170 de la Constitución, deberá ser promovida dentro del plazo de un mes a contar desde el día en el cual la norma afecte el interés del accionante... Si se tratare de particulares, se expresará si existe lesión actual y en qué consiste y en caso contrario en qué consiste el interés legítimo que se invoca para demandar'."
"La parte actora entiende configurada la inconstitucionalidad con el mero dictado de una norma ... no precisa la ocurrencia efectiva y concreta de situaciones que traduzcan o evidencien la violación constitucional en la que incurriría la norma que atacan, lo que torna hipotético el agravio constitucional."
"Las actoras debían demostrar necesariamente qué daño se había producido en la labor profesional y cómo éste se vinculaba necesariamente a la pretendida violación del orden normativo por parte de la Acordada. No lo hicieron."
"En efecto, ... no aparece demostrada la alegada limitación de la labor profesional del martillero, o la reducción de sus posibles comisiones por intervención en las subastas, ni la afectación del derecho de propiedad de las partes ... y que ellas fueran ocasionadas por la mera existencia de la Acordada 19863/06."
"Por los argumentos expuestos, entiendo que la pretensión deducida de una declaración general y directa de inconstitucionalidad de una acordada reglamentaria es improcedente al no acreditarse la existencia de un interés jurídico, concreto y actual."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que integra la mayoría fue el del Dr. Alejandro Pérez Hualde (que expone la fundamentación anterior). El Dr. Carlos Böhm adhiere por sus fundamentos. La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci no suscribió por licencia; constancia de que la resolución no fue suscripta por ella.
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