OBRA SOCIAL DE COND. CAMIONES Y PERSONAL DEL TRANSP. AUTOMOTOR DE CARGAS EN J° 8.047 NACIF JUAN C. C/ NACIF JUAN C. OBRA SOCIAL DE COND. CAMIONES Y PERSONAL DEL TRANSP. AUTOMOTOR DE CARGAS P/ ORD. S/CAS
La Obra Social apeló la regulación de honorarios practicada tras convenio homologado en autos laborales; la Suprema Corte provincial hizo lugar al recurso de casación y ordenó reformular la regulación de honorarios del perito contable tomando como base el monto transado ($35.000). El tribunal fundó su decisión en la evolución jurisprudencial que reconoce oponibilidad procesal de las transacciones homologadas para la fijación de la base regulatoria de honorarios.
¿Quién es el actor?
Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas (recurrente en casación).
¿A quién se demanda?
Nacif Juan Carlos (parte contraria en los autos laborales originarios).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la regulación de honorarios practicada por la Cámara respecto del perito-contador Hugo A. Ayala; el recurrente solicita que la base para la regulación sea el monto transado en la transacción homologada.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación, se casaron los considerandos pertinentes y se ordenó reformular la regulación de honorarios del perito Hugo Ayala tomando como base el monto transado homologado ($35.000). Se impusieron las costas en el orden causado y se libró un cheque de $92 al recurrente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Ahora bien, en cuanto a los efectos y alcances del convenio transaccional celebrado entre las partes, a los fines de regular los honorarios profesionales de quienes no han participado del mismo, luego de una revisión de los fundamentos consignados por este Tribunal en los fallos citados y de las argumentaciones de la CSJN en los casos "Murguía" y "Coronel", advierto que la regla de la inoponibilidad sentada por nuestra Corte, ha perdido vigencia -al menos en el presente caso- frente a los fundamentos contenidos en los casos federales dictados en el mes de abril del corriente año.
Los fundamentos que me llevan a modificar el criterio, residen -por un lado- en distinguir los efectos sustantivos de los procesales del convenio transaccional. Así, los primeros son inoponibles a los profesionales que no han firmado el convenio y por tanto, no pueden impugnarlo salvo que demuestren que hubo fraude en el acuerdo; mientras que los efectos procesales le son oponibles a los profesionales que no lo han firmado, porque pone fin a la litis y le otorga certeza a las relaciones jurídicas, al adquirir los efectos de la autoridad de la cosa juzgada.
En efecto, la transacción tiene aspectos complejos y no debe ser considerada como una institución en abstracto de contenido simple o unitario, porque posee la particularidad de ser una institución que transita entre el derecho de fondo (el Código Civil la califica como un "acto jurídico bilateral" en el artículo 832, y como medio de extinguir las obligaciones en el artículo 732), y al mismo tiempo surte efectos en el proceso, ya que es una de las formas anormales de extinguirlo ( artículos 84 y 85 del CPC ) porque una vez concluida, "adquiere la autoridad de la cosa juzgada" (artículo 850 C. Civil) y generalmente importará la creación de un título ejecutorio, porque "se procederá a su cumplimiento como si se tratara de sentencia" (artículo 85 en concordancia con el artículo 84 del CPC), (cfr OLCESE, Juan M. , "La Transacción: aspectos sustanciales y procesales", publicado en JA-IV-2000-945).
Estos principios son plenamente aplicables al sub iudice, donde la transacción da por finiquitada la materia litigiosa objeto de controversia entre las partes, sin dejar prestaciones pendientes entre ellas, y debidamente homologada sustituye la sentencia (más allá del debate existente sobre si puede o no entenderse como una plena equiparación procesal a una sentencia) y extingue la jurisdicción del juez (salvo que sea necesario ejecutar actos relativos al cumplimiento de los términos de la transacción).
Luego, si los efectos procesales del convenio homologado judicialmente y no fraudulento le son oponibles a los profesionales, y los honorarios de éstos se regulan conforme la legislación específica arancelaria (Ley 3641) y sustantiva concordante (artículos 505 C.Civil y 277 LCT), no corresponde en principio aplicar la legislación civil específica para la materia contractual (artículos 1195, 1199 y concordantes del C.Civil), pues ello favorece el camino para la superación del tope del 25 % fijado en el artículo 505 citado y la creación de dos categorías de profesionales en un mismo proceso, lo que afecta la justa retribución y la unidad jurídica y procesal, encarece los gastos derivados de la administración de las decisiones judiciales, y desalienta a las partes que desean arribar a un acuerdo para terminar con el pleito y contribuir con la paz social, (cfr. LS 279-288 y 129). De modo entonces que, la transacción homologada judicialmente, que no ha sido impugnada como acto jurídico fraudulento o doloso, es la que fija la base para, en forma genérica y única, practicar las regulaciones de todos los profesionales actuantes, hayan o no participado de la misma."
"En el sub examine el acuerdo transaccional celebrado entre las partes ha sido homologado judicialmente, no se ha acreditado la existencia de fraude o dolo en la convención. Sin embargo el auto que fijó el modo de calcular los honorarios de los profesionales no intervinientes en el convenio es de fecha 22/4/2005, es decir muy anterior al cambio de criterio fijado en “Favier”, y aun vigente el anterior criterio que sostenía la inoponibilidad del acuerdo transaccional a los que no intervinieron en el mismo, por lo que mal podía la demandada haberse opuesto a la base utilizada, ya que cualquier reclamo estaba destinado al fracaso con apoyo en la doctrina del máximo tribunal mendocino. No obstante a partir del mes de agosto de 2006 en que se produce el cambio jurisprudencial citado, el demandado obligado al pago, se encontraba habilitado para impugnar el criterio aplicado en las anteriores regulaciones, tal como lo hizo; sin que pueda oponérsele el consentimiento, puesto que recién en ese momento contaba con el aval doctrinario y jurisprudencial para hacerlo.
En consecuencia, concluyo que asiste razón al recurrente en cuanto a que debe tomarse como base para regular los honorarios de los profesionales – en el caso el perito Ayala- el monto transado a fs. 255 de $35.000, que fuera homologado a fs.262/263."
No hubo votos en disidencia; los Dres. Salvini y Böhm adhirieron al voto del Dr. Llorente.
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
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