PÉREZ NICOLÁS EN J: 144.712/31.158 ABAD MIRTA E. Y OTS. EN J: 142.921 SUTE Y OTS. C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ ACCIÓN DE AMPARO EJEC. SENTENCIA S/ INC. CAS.
El recurrente impugnó la revocatoria parcial de la liquidación de haberes ordenada en ejecución de sentencia por aplicación de la Ley 6978 y demás normas. La Sala Primera rechazó los recursos de casación e inconstitucionalidad y confirmó la resolución de la Cámara, por considerar apelable la resolución liquidativa por su carácter de definitividad y no advertir error en la delimitación de la litis.
¿Quién es el actor?
Nicolás Pérez (por apoderado), junto con otros amparistas.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (y Fiscalía de Estado en defensa).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la resolución de la Cámara que, en la ejecución de sentencias de amparo, rechazó parcialmente la liquidación reclamada por el actor en cuanto a la devolución de recortes por aplicación de la Ley 6978; se discute la procedencia de la devolución de haberes y la apelabilidad de la resolución liquidativa.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por Pérez y, en consecuencia, se confirmó la resolución de la Cuarta Cámara de Apelaciones (fs. 2475/2481) que había revocado parcialmente la sentencia de primera instancia en la pieza liquidativa. Se impusieron las costas a la recurrente y se reguló honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):
"La finalidad de la restricción apelativa en el amparo tiene su razón de ser en la especial naturaleza del mismo, juicio sumarísimo donde se amparan derechos o garantías constitucionales. De modo que por esa razón se restringe la apelación a solo aspectos liminares e importantes del proceso, esto es, las medidas cautelares por la gravedad que pueden irrogar, y por supuesto la propia sentencia, con la obvia finalidad de no demorar el proceso. Sin embargo, no se debe olvidar que en el caso, lo que se está discutiendo es la liquidación que proviene de una sentencia de amparo, es decir, las consecuencias económicas preordenadas en aquella decisión que por supuesto era apelable por disposición legal. De modo que la restricción del recurso de apelación ya carece de todo sentido porque no se entorpece el trámite del amparo que ya obtuvo decisión favorable. En otros términos, la finalidad tuitiva de la restricción se cumple dentro del trámite del amparo, pero no tiene sentido luego de obtenida y firme la sentencia en el mismo.
Pero además, hay otra razón de peso que conduce inevitablemente a la apelabilidad de la decisión: es la definitividad de lo que se resuelva en la resolución liquidativa, porque lo que se decida hará cosa juzgada formal y material y será irrevisable en ningún otro proceso. En este sentido el recurrente, con apoyo en el art. 29 del Dec. 2589, advierte que la sentencia de amparo deja subsistente el ejercicio de las acciones ordinarias que puedan corresponder a las partes. Sin embargo, no es éste el caso; por la naturaleza y expresión de la sentencia original y su corolario que es la liquidación, será imposible volver sobre lo decidido. Ello puede ocurrir cuando el acto aparentemente lesivo agrede una garantía constitucional en apariencia sin justificación legal, en cuyo caso, el amparo concurre a restablecer el orden conculcado hasta tanto se resuelva el derecho material en disputa. Vg.: el acceso a la vivienda, la libre circulación, el derecho a la salud, la propiedad, el salario, etc. y siempre que existan razones de urgencia que impidan obtener rápida solución a través de otras vías. Pero no ocurre lo propio cuando como en el caso, la sentencia resuelve expresamente el derecho material de las partes, no de modo provisional, sino definitivamente, pronunciándose sobre la aplicabilidad o no de un régimen normativo en vigor, y las consecuencias económicas para las partes."
"La liquidación de la sentencia es la expresión numeral de su contenido conceptual, por lo que puede decirse que forma parte de aquélla en tanto explicita numéricamente el alcance o la extensión de los conceptos ya decididos. Estas razones me inclinan a coincidir con el criterio de tribunal de alzada en cuanto a la definitividad de lo resuelto... De tal suerte, considero que la sentencia en este aspecto no ha invadido esfera jurisdiccional extraña, no ha extralimitado su alcance, y tampoco ha desvirtuado el marco normativo propio del amparo. Por tanto, no es inconstitucional ni aparece con errores normativos que tornen procedente la Casación."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Alejandro Pérez Hualde expone y concluye; los Dres. Aída Kemelmajer de Carlucci y Fernando Romano adhieren. No hubo disidencias.
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