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Tribunal Superior

HOSPITAL DR. CARLOS F. SAPORITI EN J 19.404 MORANO OLINDA ANGELA C/HOSPITAL DR. CARLOS F. SAPORITI P/A.O.A. S/INCCAS.

La demandada impugnó la sentencia laboral que declaró la existencia de fraude laboral y ordenó la conversión de contratos simulados en relación de dependencia, reclamando la inaplicabilidad del estatuto del empleado público y la incompetencia del fuero. La Sala Segunda rechazó el recurso de casación por considerar que no existe error iuris, que se configuró la preclusión procesal y la teoría de los actos propios, y confirmó en lo sustancial los fundamentos del a quo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
93691
Costas Casacion Competencia Actos propios Indemnizacion por despido Preclusion procesal Lct Contratos simulados Fraude laboral Sala segunda

¿Quién es el actor?

Olinda Morano (actora en autos laborales).

¿A quién se demanda?

Hospital Dr. Carlos F. Saporiti.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de indemnizaciones por despido, incluyendo indemnización especial prevista por ley (se alude a ley 25561 y art. 80 LCT en la demanda) y declaración de que la relación laboral encuadra en vínculo de dependencia por fraude laboral (anulación de contratos simulados de locación de servicios).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por el Hospital; se impusieron las costas del recurso al recurrente vencido; se difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Se advierte prima facie, que no existe el 'error iuris' denunciado por la recurrente. Los argumentos esgrimidos en la queja no alcanzan para conmover los sólidos fundamentos de la sentencia."

"El planteo que efectúa en la queja versa principalmente sobre la competencia del juzgado laboral para entender y dilucidar el tema en debate. Sin embargo, es necesario señalar que dicho cuestionamiento debió ser efectuado por la quejosa a la hora de contestar la demanda y no con posterioridad a la sentencia, puesto que en virtud del principio de preclusión procesal, luego de acaecido el plazo previsto en la ley de rito para cuestionar la competencia, esta queda definitivamente fijada."

"Por otra parte recién introduce en esta etapa el tema de la aplicación de la leyes 4872 y el estatuto del empleado público, puesto que en la instancia inferior centró su defensa en la existencia de una relación de tipo civil -locación de servicios-. Es aplicable a este proceder la teoría de los 'actos propios'... Esta situación pone de manifiesto que no ha existido ningún error de procedimiento, ni violación al principio del debido proceso, ni al derecho de defensa, ni error iuris, sino una actitud omisiva del ahora recurrente."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que fundamenta la decisión fue del Dr. Pedro J. Llorente, y los Dres. Herman A. Salvini y Carlos Böhm adhirieron íntegramente; no consta disidencia.

Leyes que cita

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