Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Ramos, Belén Rocío c/Estado Provincial
La actora promovió demanda contencioso administrativa contra el Estado Provincial solicitando la revocación del Decreto N° 8077-MS-23 y su reincorporación tras sanción expulsiva. La Sala II rechazó la demanda: concluyó que la potestad sancionatoria no estaba prescripta, que se respetó el debido proceso y que las pruebas acreditan la falsedad de certificados médicos justificatorios, por lo que la baja fue fundada y no arbitraria.
¿Quién es el actor?
Raúl Antonio Domínguez, en nombre y representación de Belén Rocío Ramos (DNI 39.930.265).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (Provincia de Jujuy).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revocación del Decreto N° 8077-MS-23 de fecha 14/04/23 que dispone la sanción expulsiva de baja de la actora y su reincorporación como subayudante; nulidad del procedimiento sumarial por presunta prolongación de plazos, prescripción de la potestad sancionatoria y vulneración del derecho de defensa.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda; se impusieron las costas a la actora y se regularon honorarios en $562.140 para cada letrado, con intereses desde la fecha de la sentencia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
“Que del análisis de tales actuaciones administrativas, en particular, del desconocimiento efectuado por los médicos Luis Américo Cruz y Cristina Elizabeth Juárez respecto del contenido y firma de los certificados atribuidos a estos profesionales y que fueran utilizados por la actora para intentar justificar sus inasistencias de los días 29 y 30 de abril y 01 de mayo de 2018, se concluye que las faltas imputadas a la Sra. Ramos se encuentran acreditadas en debida forma, por lo que la sanción que se le impusiera posee razonabilidad y sustento conforme los cargos imputados, con lo que resulta válido y legítimo el acto administrativo que se ataca, lo que veda la revisión que en esta instancia se pretende.”
“Que en primer término y conforme los agravios planteados por la actora, corresponde analizar si la potestad disciplinaria del Estado Provincial se encontraba o no prescripta, respecto de lo cual adelanto opinión en favor de la vigencia de la misma. Que ello por cuanto y si bien es cierto que el art. 276 inc. a) del Decreto Nº 3391-G-78 ... establece la prescripción a los dos años de las faltas consideradas como gravísimas (conf. art. 100), el sumario fue iniciado dentro del plazo legal y el término respectivo fue interrumpido en virtud de los actos realizados dentro del procedimiento disciplinario, conforme arts. 279, 281 y ccs. del Decreto Nº 3391-G-78. Que esto determina que no se encuentre prescripta la facultad sancionatoria de la Administración.”
“Que, entonces, en esta instancia no puede la actora pretender nulificar el procedimiento administrativo con fundamento en la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa, cuando en realidad tuvo amplia oportunidad de ejercitar tal derecho, de lo que pude concluirse que no se ha vulnerado la garantía del debido proceso, la cual fue respetada por la instrucción sumarial.”
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia contiene dos votos (Damiano y Pedicone) que adhieren a la solución mayoritaria; no consta disidencia relevante.
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Normas que cita
- Decreto 3.391-G (Jujuy)arts. 276 inc. a), 279, 281, 386, 12, 19, 30, 33, 100, 114, 316
- Decreto-ley 20-G (Jujuy)art. 45 inc. a)
- Ley 6.368 (Jujuy)arts. 26, 29, 20
- CParts. 292, 296 · Codigo penal
- Constitución NacionalConstitucion nacional
Fallos que cita
- Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo
- Superior Tribunal de Justicia de JujuySTJ
- Corte Suprema de Justicia de la NaciónCSJN · 04/05/1993
- Corte Suprema de Justicia de la NaciónCSJN · 04/05/2000
- Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Jujuy (Sala II)
- Banco de la Nación Argentina (tasa activa)
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